El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y aprobará este jueves el dictamen del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el pasado 26 de septiembre en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, con el único apoyo de PP, reforzando en su articulado el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de todo el Estado y dotando al profesorado de la condición de autoridad pública. Precisamente, PSOE, PNV, IU y ERC y Entesa Catalana han apoyado este miércoles una moción consecuencia de una interpelación urgente de CiU en el Senado para solicitar al Ejecutivo la retirada del proyecto de Ley. Sin embargo, la iniciativa no ha prosperado por el voto en contra del Grupo Popular.
Ya en el trámite parlamentario, a finales de septiembre, el texto contó con el rechazo de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, BNG y la abstención de Foro de Asturias. Sólo obtuvo el respaldo del PP. Al tratarse de una ley de carácter orgánico es de obligado cumplimiento que también sea aprobada por el Pleno del Congreso antes de ser remitida al Senado.
El paso de la LOMCE al Senado
Así, tras su aprobación hoy jueves, con el respaldo seguro del PP, será enviada directamente al Senado, donde también deberá revisarse por los parlamentarios, para su aprobación definitiva a finales de noviembre o comienzos de diciembre de nuevo en el Congreso de los Diputados, para empezar a poner en marcha las primeras medidas a partir del curso que viene, 2014-2015.
Al texto presentado inicialmente por el Gobierno se presentaron un total de 770 enmiendas parciales. Al dictamen de la normativa se incluyeron en fase de ponencia las 42 presentadas por el Grupo Popular, así como otras 13 propuestas de Foro de Asturias, BNG y UPN, a las que habría que sumarles 21 pactadas con UPyD, UPN, Foro de Asturias, ERC y Coalición Canaria. Durante la votación, no se aprobó ninguna de las enmiendas parciales de PSOE, CiU y PNV.
Rechazo de la oposición
En las tres sesiones que la Comisión de Educación celebró para debatir las aportaciones al texto, la mayoría de la oposición manifestó su rechazo a la reforma educativa. En concreto, PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PNV leyeron el manifiesto que firmaron en julio, renovando así su compromiso de derogar la ley en cuanto cambie la mayoría parlamentaria.
Además, este rechazo de la oposición quedó reflejado con la presentación de once enmiendas a la totalidad, pidiendo la devolución al Gobierno del texto presentado, propuestas que fueron rechazadas por PP, UPN y Foro de Asturias el pasado 16 de julio.
Precisamente, la secretaria de Estado de Educación, Monsterrat Gomendio, aseguró esta semana en su comparecencia en la Cámara Baja para informar sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2014 que el Gobierno iba a destinar 8,9 millones de euros para implementar y desarrollar la LOMCE.
Desde el PP, el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido este miércoles en rueda de prensa que su grupo parlamentario ha escuchado durante todo el debate de la normativa la opinión de unos 50 expertos y ha valorado las enmiendas presentadas por la oposición, entre las que ha destacado la unificación del Bachillerato de Ciencias Sociales e Humanidades, alcanzada con Foro de Asturias, el reconocimiento de la autoridad del profesorado, así como la consideración del castellano como lengua vehicular en todo el Estado, estas dos últimas pactadas con UPyD.
«Hay un compromiso de reformar la educación y llevarle por la senda de la calidad. Lamento que el PSOE presentará hasta un 80 por ciento de sus enmiendas con el objetivo de volver a la Ley Orgánica Educativa (LOE, aprobada por el PSOE). Creo que todo el mundo conoce sus carencias y se trata de mejorarlo y dar de verdad una oportunidad a los chavales para que no abandonen sus estudios y la calidad sea más elevada», ha resaltado el portavoz ‘popular’ en la Cámara.
Castellano y autoridad del profesorado
Entre las enmiendas aprobadas durante el trámite parlamentario, destaca la pactada entre PP y UPyD, que refuerza el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado, un texto que generó malestar en las filas de CiU, que acusó al PP de «predemocrático» y de querer «tirar por tierra» el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, pese a contar con el «respaldo de la mayoría de la sociedad catalana». Esta enmienda contó en la votación con el respaldo de Foro.
Los ‘populares’ y UPyD alcanzaron también un acuerdo en torno a la incorporación de una disposición adicional para que el equipo directivo y los profesores sean considerados autoridad pública. Este aspecto suscitó también el malestar en el Grupo Socialista, que esperaba el debate sobre la autoridad en la elaboración del Estatuto Docente.
La Comisión dio luz verde a otra de las enmiendas pactadas entre los ‘populares’ y UPyD que establece que el nombramiento de los directores pueda renovarse por periodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos. Los criterios de esta evaluación serán públicos e incluirán las evaluaciones individualizadas, es decir, dependerá de los resultados de los alumnos en estos exámenes nacionales.
También salió adelante otra enmienda pactada entre PP y ERC para que en la organización de estudios de bachillerato, los procedimientos de admisión a la Universidad y en la FP se preste especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Otro de los textos transaccionados entre PP y Foro, aprobado en la Comisión de Educación, establece que se tenga en cuenta la insularidad, dispersión y despoblación geográfica de las zonas rurales para la distribución territorial de recursos económicos.
Claves de la LOMCE
La LOMCE supone la modificación de la actual LOE, aprobada por el Gobierno socialista en 2006. Entre las novedades de la nueva normativa, destaca la introducción de evaluaciones nacionales al final de cada etapa, diseñadas por el Gobierno. Además, las asignaturas estarán agrupadas en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración. El horario y currículo de las primeras lo definirá el Ejecutivo, mientras que las comunidades autónomas se encargarán de las específicas.
La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se elimina del currículo y se crea Valores, una alternativa a la materia de Religión, que también será calificada. Además, blinda los conciertos a los centros de educación diferenciada y propone una mayor autonomía de los centros, cuyos directores tendrán que ser acreditados.