La comisión de investigación de CCOO ha determinado que hubo «desorden» y una «facturación manifiestamente mejorable» en el caso de los ERE fraudulentos pero no ha encontrado «indicio» de «enriquecimiento personal» de los implicados o de la organización y ha subrayado que si existiera una trama vinculada a ERE, CCOO «no ha formado ni formará parte de esa trama». El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de CCOO-A, Francisco Carbonero, han dado a conocer este jueves en Madrid el resultado de esta investigación interna, en la que una comisión lleva trabajando desde el mes de abril, que sigue abierta y cuyas conclusiones, si bien «no son provisionales, pueden estar sujetas a corrección». «CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad», es la conclusión que subrayan ambos.
Así las cosas, Toxo ha comenzado su comparecencia clarificando detalladamente cuál es la labor de los sindicatos en la negociación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y cómo su «obligada» intervención «especializada» pone a disposición de los trabajadores un «conjunto de medios que tienen un coste» y que «tienen que ser retribuidos» para diferenciar entre lo que fue una «facturación mejorable» y el supuesto cobro ilegal de comisiones.
Con respecto a los imputados, ha explicado que de las diez personas relacionadas con el sindicato o que forman parte de él y que están imputadas en el caso, CCOO pondrá defensa a cinco de ellos, los que pertenecen al sindicato; mientras que las otras cinco ya no forman parte del mismo e incluso dos están inmersos en un proceso sancionador y no se les dará protección jurídica.
En las conclusiones de cada uno de los imputados, se deduce que el sindicato no prestará asistencia jurídica a Cristóbal Martínez, Damián Jiménez y a José Manuel Casado ya que ninguno de ellos pertenece actualmente al sindicato; ni a Francisco José González García y Francisco Casado, sobre los cuales pesan sendos expedientes sancionadores.
En el informe también destacan comentarios como el realizado sobre Diego Guerrero, imputado como intruso en la póliza de Samec, que mantiene que «carece de toda lógica considerarlo intruso y su imputación muestra ausencia de rigor»; o la información relativa al secretario de la Federación de Industria, Enrique Manuel Jiménez, que está implicado por una póliza en la que aparece otra persona que «sí puede ser un intruso real y cuya inclusión se llevó a cabo sin conocimiento alguno de ningún responsable de CCOO».
Toxo también ha trasladado que las conclusiones de la investigación sobre los intrusos ponen de manifiesto que «no ha habido intrusos en los expedientes», es decir, en el momento de negociación, y sí se han detectado intrusos en el momento de formalizar las pólizas, un momento en el que ya no interviene la representación de los trabajadores.
«Chapuza de la administración laboral»
Por su parte, Carbonero ha afirmado con rotundidad que los dos elementos que se han usado para acusar al sindicato, la financiación irregular y la pertenencia a una trama son «absolutamente falsos». «El sindicato ha actuado desde la legitimidad, el compromiso y la coherencia en defensa de los trabajadores para mantener el máximo de empleo y que aquellos que tengan desgracia de perder empleo salgan en mejores condiciones posibles», ha añadido.
El responsable andaluz sí ha apuntado a la Junta de Andalucía para cargar contra el sistema de ayudas y se ha referido a la «gran chapuza administrativa de la autoridad laboral». «Esa chapuza ha hecho que aparezcan intrusos que no lo son pero el sindicato ni ha hecho un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre cómo se participaba o las ayudas sociolaborales ni es cierto que las federaciones fueran todo el día corriendo detrás de las aseguradoras».
Sin embargo, Toxo se ha mostrado más cauteloso y ha mantenido que no ha «descargado» sobre la Junta la responsabilidad pero ha indicado que «hay actuaciones de otras partes que son manifiestamente mejorable».
Recomendaciones
El secretario de la federación andaluza también ha afirmado que el sindicato tiene «absoluta tranquilidad» pese a no estar «contentos» con la situación generada y en este punto han explicado que la organización asume las recomendaciones propuestas por la comisión. «Se harán comunes para todas las organizaciones del sindicato de forma obligatoria», ha advertido.
Toxo ha detallado que esas recomendaciones pasan por corregir aspectos como la facturación indirecta de servicios, a través de mediadoras o aseguradoras, que han venido haciendo las distintas organizaciones y que, si bien son posibles, no son «deseables».
Además, ha señalado que, sin perjuicio de su legalidad, es recomendable que, cuando no sea posible o se decida no sufragar los gastos derivados de las distintas formas de actuación sindical en un ERE con cargo a las empresas que lo impulsan o a las personas no afiliadas, la actuación se haga con cargo a sus propios recursos, evitando el cobro de servicios con cargo a fondos públicos.
También ha detallado que se evitará que organizaciones de CCOO asuman el papel de tomadores de pólizas de seguros en las que las primas son pagadas por terceros con participación o no de ayudas públicas y que se ignorarán las indicaciones de las administraciones públicas de constituir asociaciones de trabajadores para desempeñar ese papel de tomados de las pólizas.
Descartan acciones contra Alaya
Por otro lado, Toxo ha indicado que el sindicato descarta emprender acciones judiciales contra la juez de instrucción Mercedes Alaya como sí estudia UGT a raíz de las detenciones de los sindicalistas en la semana pasada y ha señalado que corresponde a los implicados emprenderlas si así lo consideran.
«Respetamos la acción judicial, no tenemos por qué compartir las actuaciones de la juez pero no hemos estimado en estos momentos tomar alguna decisión. Si las personas individualmente entienden que han sido perjudicadas en sus derechos, a ellas corresponde», ha subrayado.