La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros para el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la magistrada Mercedes Alaya le ha imputado sendos presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos, tras lo que el imputado se ha negado a declarar y se ha celebrado la correspondiente comparecencia de medidas cautelares.
Durante esta comparecencia, el Ministerio Público ha solicitado una fianza civil de 7,2 millones de euros para el exalto cargo, petición a la que se ha adherido el sindicato Manos Limpias, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha considerado que no es necesario que se le imponga fianza civil alguna. UGT tampoco ha interesado medida alguna para Mañas, que fue viceconsejero de Empleo entre abril de 2010 y mayo de 2012.
Anticorrupción también ha pedido que se le retire el pasaporte y que comparezca ante el juzgado de manera periódica.
De su lado, el abogado del imputado ha defendido que todas las actuaciones de su patrocinado estuvieron avaladas por los informes de los servicios jurídicos de la Junta.
Hay que destacar que este jueves la juez instructora ha vuelto a entrar en los juzgados escoltada por un agente de paisano, tras la solicitud realizada al respecto por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero.