La anulación de la ‘doctrina Parot’ por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acaparado gran parte de la atención este martes en el Congreso de los Diputados. El tema de discusión en la Cámara Baja no es menos importante: los Presupuesto Generales del Estado para 2014. Pero la puesta en libertad de la etarra Inés del Río y la posible puesta en libertad de otros muchos terroristas en un breve plazo de tiempo ha sido sin duda una de las cuestiones más comentadas en los corrillos políticos. «Un cumplimiento doloroso», así es como se ha referido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a la aplicación que los tribunales tendrán que hacer de la sentencia de Estrasburgo.
Si algo está claro es que ya nadie duda de su aplicación. Las asociaciones de víctimas llevan desde este lunes reclamando la oposición a su cumplimiento, pero ni el Gobierno, ni una importante facción del PP -la menos dura- está dispuesto a ello. Todos muestran su disgusto y desazón por esta decisión, pero nadie duda de que Mariano Rajoy no se opondrá a que los tribunales acaten este fallo. «No se nos puede olvidar que la Sala de lo Penal de la Audiencia han tenido que decidir esta vez en contra del criterio que históricamente había mantenido la Justicia en España», ha recordado Gallardón.
Menos comedido, aunque en la misma línea de aceptación, se ha mostrado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, cuando en los pasillos ha sido preguntado por esta cuestión. «Va a salir a la calle con las manos manchas de sangres», ha espetado el ‘popular’, que ha recordado que Inés del Río «sigue siendo responsable de sus crímenes» y que hay «una condena social que no prescribe nunca». El PP ya no duda de que habrá más casos como el de la miembro del ‘comando Madrid’ condenada a 3.828 años por cometer un total de 24 asesinatos, y ha querido condenarlo. «El fallo de Estrasburgo no puede servir de ninguna manera para legitimar el terror ni blanquear los crímenes de los etarras. Saldrán a la calle, pero seguirán siendo unos criminales», ha proclamado el ‘popular’.
Según ha advertido el PP, el partido seguirá dando la batalla para que aún con el paso del tiempo quede claro quede claro que ETA pertenece «al basurero de la Historia y que fue una mafia totalitaria criminal». Así pues, Alonso también ha aprovechado este martes para insistir en la necesaria reforma del Código Penal que ha elaborado el Ejecutivo. «Todos a los que nos que nos repugnan las consecuencias de las leyes débiles debemos aprobar leyes fuertes que protejan a la sociedad y nos impidan volver a vivir este tipo de espectáculos», ha zanjado Alonso.
Sentencia del TEDH
Además, la Gran Sala del TEDH confirmó este lunes la resolución que condenó a España el julio de 2012 a indemnizar a la etarra con 30.000 euros por daños morales y a pagarle 1.500 euros en concepto de costas procesales, al considerar que España vulneró el Convenio de Derechos Humanos. En concreto, las resoluciones de la Justicia española con respecto a Del Río habrían conculcado el artículo 7 del Convenio, que recoge que «no hay pena sin ley», y el 5.1, que establece «el derecho a la libertad y la seguridad».
Y es concretamente éste uno de los puntos más controvertidos. Tanto es así, que este lunes, el ministro Gallardón ya avanzó que la etarra no cobraría ni un euro procedente de las arcas del Estado, sino que se le descontaría de la deuda contraída después de que el Estado pagara a sus víctimas la indemnización correspondiente por la que también fue condenada. Iniciativa que este martes ha avalado la misma Audiencia Nacional, que ha ordenado bloquear esta indemnización que está previsto destinar a las víctimas.
La aplicación de la ‘doctrina Parot’, que contempla la aplicación de las redenciones por trabajos en la cárcel al total de penas aplicadas y no al máximo de 30 años de cumplimiento máximo, alargó la estancia en prisión de Del Río en cinco años, ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008 y la Sala de lo Penal de la Audiencia la alargó hasta 2017.