El PP ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia del caso del chivatazo a ETA, que condenó al exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros a un año y medio de cárcel por el soplo a ETA en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006.
En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el PP considera que la sentencia de la Audiencia Nacional «no es ajustada a derecho». A su entender, hay hechos «probados» en ese fallo pero se han infringido «normas penales de carácter sustantivo» que deberían haber sido observadas en la «apreciación» de esos hechos.
En concreto, la Audiencia Nacional condenó a año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer su cargo por un delito de revelación de secretos a Enrique Pamiés y José María Ballesteros, los dos mandos policiales acusados del chivatazo a ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
No obstante, el tribunal les absolvió del delito de colaboración en organización terrorista que se les imputaba al considerar que «la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no puede considerarse que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido».
El PP pidió 8 años de cárcel por colaborar con ETA
El PP, que pidió en su día como acusación popular ocho años y medio de cárcel para Pamiés y siete años y medio para Ballesteros por colaboración con ETA, dice en su recurso que la sentencia de la Audiencia Nacional que les condena a un año y medio de cárcel por un delito de revelación de secretos «no es ajustada a derecho». «Dicho sea con el debido respeto y en términos de estricta defensa», añade.
Por eso, el PP presenta un recurso de casación ante el Supremo por entender que «datos los hechos que se declaran probados en la sentencia», «se ha incurrido en una infracción de ley, infringiendo normas penales de carácter sustantivo que han debido ser observadas en la apreciación de aquellos».
Con esa argumentación, el PP pide al Supremo que admita a trámite su recurso de casación por infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
Además, le solicita que ordene que se remita testimonio de esa sentencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, así como los certificados legalmente previstos, mandándose después emplazar a las partes para su comparecencia ante dicha sala. El PP finaliza su escrito con la promesa de constituir el depósito que establece el artículo 875 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.