El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha situado la lucha contra el fraude «en todos los frentes» como la prioridad dentro de la reforma tributaria que los socialistas presentarán en la conferencia política que celebran el próximo mes de noviembre.
El líder del PSOE ha mantenido en la tarde de este martes un encuentro en Ferraz con expertos en materia de prevención de fraude fiscal y con la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, encabezada por su presidente, Julio Ransés Pérez.
Entre las principales propuestas en las que está trabajando el PSOE para la conferencia política destacan la posibilidad de revocar, en el ámbito de la UE, las licencias bancarias de aquellas instituciones financieras que favorezcan activamente el fraude fiscal o que se nieguen a colaborar con las autoridades tributarias.
Según han explicado en un comunicado, los socialistas quieren demandar a los Estados miembros que «no eliminen de su legislación nacional todos los obstáculos que dificultan la cooperación y los intercambios de información fiscal» con las instituciones de la UE. Otra propuesta es acordar una base imponible común del Impuesto de Sociedades que evite eludir impuestos.
Gran Bretaña, Luxemburgo o Suiza
Además, el secretario general del PSOE ha manifestado que es «esencial» exigir en todos los foros internacionales «la absoluta necesidad de acabar con las prácticas desleales», tanto en los denominados paraísos fiscales, como en aquellos territorios que tienen regímenes fiscales especiales para atraer capital como sucede en países como Gran Bretaña, Luxemburgo o Suiza.
Rubalcaba ha destacado también la necesidad que tiene España de incrementar «sustancialmente» los recursos de la Agencia Tributaria «hasta equipararse a la media de los países europeos» y ha concretado que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al Congreso una iniciativa que proponga un plan de choque para incrementar las plantillas de esta Agencia dedicadas al combate del fraude fiscal.
El Partido Socialista propone, además, que se «endurezcan» las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, «ampliando sustancialmente el plazo de prescripción y rebajando y homogeneizando las cuantías, y reforzando las medidas que permitan llegar al cobro efectivo de las deudas y eviten el vaciamiento patrimonial previo».