El Gobierno de Mariano Rajoy ofrece una cuarta posibilidad a los españoles para casarse. Tal y como ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a las opciones religiosa o civil -que puede ser ante el Registro Civil (gratis) o ante un alcalde o concejal (cuyo precio fija cada Ayuntamiento), a partir de este jueves se le suma una nueva: ante el notario. Aunque tendrá un precio: 95 euros por cada celebración y tramitación del matrimonio. Una cantidad «asumible», teniendo en cuenta que no es un procedimiento jurídico que se «practique muy a menudo», ha ironizado el titular de Justicia en el rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este jueves, puesto que este viernes es fiesta nacional, y en el que se ha dado luz verde al Anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria.
Una nueva normativa que no solamente amplía las competencias de los notarios en lo que a la unión de dos personas respecta, sino también en lo referente a su separación. Según ha explicado el ministro del ramo, con la ley de Jurisdicción Voluntaria dos personas también podrán divorciarse ante notario siempre y cuando se den dos condiciones ineludibles: que no haya menores ni personas con capacidad judicialmente complementada de por medio -puesto que es el Ministerio Fiscal el único encargado de velar por los intereses de estos- y exista mutuo acuerdo. Tal y como ha asegurado en primer término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a continuación Ruiz Gallardón, el objetivo es claro: «simplificar y actualizar los procedimiento judiciales y así facilitar al ciudadano la resolución de conflictos». Así como también, ha explicado el ministro de Justicia, liberar a los jueces de tareas que no deberían de ser suyas, puesto que para ellas hay otros cuerpos de funcionarios que pueden resolverlas, como es el caso de los notarios y de los registradores de la propiedad.
El Ejecutivo de Rajoy ya manifestó su intención de aprobar esta norma hace un año, y desde entonces varias voces disconformes llevan barruntando la posibilidad de que ésta lleve pareja la intención de privatizar estos servicios, que hasta el momento eran públicos. Sobre esta controvertida cuestión ha sido preguntado este jueves Gallardón y el «no» ha sido rotundo. Tal y como ha explicado el ministro, éste seguirá siendo un servicio público, que hacen funcionarios públicos, pero que como otros muchos servicios públicos pueden ser gratuitos o llevar un coste adicional. En este caso, el arancel establecido es de 95 euros, «un precio inferior incluso al propuesto por algunos ayuntamientos que ya cobraban por este servicio». «Con esta medida, los registros civiles se verán descongestionados como ya pasó cuando se habilitó a los ayuntamientos y la idea es que no haya diferencia en la calidad del servicio», ha argumentado el titular de Justicia, cuya tesis defendida es que el hecho de que un servicio esté sujeto a un precio público son «decisiones de carácter político» que en ningún caso le quitan a ese servicio «la condición de público».
Además, el Gobierno ‘popular’ a través de esta nueva ley -que aún tiene que pasar el trámite parlamentario- también incluye una modificación en el Código Penal: eleva de 14 a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio. Homogeneizando así el derecho español al resto de normativas europeas a este respecto. ¿El objetivo? defender a los menores. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2012 se casaron en España 268 menores de edad, de los que 81 tenían menos de 15 años.