El Pleno del Congreso debatirá este jueves los siete vetos presentados por todos los grupos de la oposición –PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV, BNG y Amaiur– contra la reforma de las pensiones, y con las que coinciden en pedir al Gobierno que mantenga el sistema de actualización de las cuantías en función del IPC, argumentando que de no ser así los jubilados españoles sufrirán una pérdida de poder adquisitivo grave y continuada. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo prevé la introducción de dos nuevos factores de modulación de las pensiones. Así, el factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2019, ajusta la cuantía inicial de la pensión en función de la esperanza de vida en el momento de entrada en el sistema de pensiones.
Por su parte, el factor de revalorización anual sustituirá desde enero al IPC como coeficiente de actualización de las pensiones, en función tanto de la inflación como de los ingresos y gastos del sistema en un plazo de once años, con un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%.
Pérdida de valor adquisitivo
Y es precisamente este último factor el que genera más rechazo entre la oposición, que asegura que su aplicación conllevará una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas que será muy difícil de recuperar, incluso en los años de bonanza de la economía. Como prueba de esta crítica, esgrimen el ahorro de 33.000 millones de euros que se prevé entre 2014 y 2022.
Además, la oposición critica que el Gobierno haya presentado esta reforma unilateralmente, sin acuerdo con los agentes sociales ni las formaciones representadas en el Pacto de Toledo. Por eso, exigen la devolución del proyecto al Gobierno y la apertura de una verdadera negociación con más tiempo y en la que se pongan sobre la mesa otras medidas de incremento de los ingresos de la Seguridad Social como vía para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Desde el PNV advierten asimismo de que esta reforma puede ser inconstitucional, mientras que formaciones como la Izquierda Plural, Esquerra o Amaiur creen que el objetivo oculto de este proyecto es incentivar la contratación de planes privados de pensiones.
Sobre este «pensionazo» se ha pronunciado esta semana el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, para quien es necesario que «se consolide el acuerdo de todos los grupos de la oposición en contra de esta medida» para poner de relieve el «aislamiento del PP, que hasta ahora no ha conseguido ni un solo apoyo y tiene en contra a sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos y hasta el Consejo Económico y Social».