El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tomará declaración este jueves a los tres ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) detenidos por la Guardia Civil en el marco de la causa en la que se investigan inversiones irregulares en el Caribe, han informado fuentes jurídicas. Agentes del Instituto Armado han detenido además a otras dos personas relacionadas con la investigación.
Los tres ex directivos son el ex director general Roberto López Abad, el ex responsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera y el ex director de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz.
Estos tres ex directivos han sido arrestados por orden del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que les investiga en relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal S.L, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Este magistrado ha ordenado un total de cinco detenciones.
Fuentes de la investigación han precisado que los otras dos personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco previstos por este de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex directivos. Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa abierta y que se esperan más detenciones.
Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo a las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y Mallorca. Los investigadores se han incautado de diversa documentación y han llevado a cabo el clonado de material informático.
IMPUTADOS
López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de «racionalidad económica». «En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones», aseguraba.