La Justicia belga negó el martes la extradición a España de la presunta etarra María Natividad Jáuregui Espina, detenida en Gante (Bélgica) a principios de octubre, porque tiene «dudas» de que se vean garantizados los derechos humanos de la detenida en caso de entrega a las autoridades españolas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El Tribunal de Apelación de Gante dictaminó el pasado 31 de octubre que «existe la posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados» si Jáuregui fuese entregada a España. La Fiscalía federal consideró que no había pruebas para tal pronunciamiento y recurrió a la Corte de Casación –última instancia equivalente al Tribunal Supremo–, que, finalmente, ha avalado los argumentos de la sala de Gante.
Tras el aval de Casación, Jáuregui Espina, huída de la justicia española desde 1979 y detenida en Bélgica este octubre, ha sido puesta en libertad de manera «inmediata», ha indicado a Europa Press la portavoz de la Fiscalía federal Lieve Pellens.
Pellens ha recalcado que la Fiscalía no ve «suficientemente motivados» los argumentos que han permitido parar la extradición y subraya que la Corte de Casación valida el fallo previo de Apelación porque su procedimiento «se ha ajustado a derecho», pero «no entra a valorar la situación en España, ni los delitos» de que se acusa a Jáuregui.
Por su parte, un portavoz de la Corte de Casación, André Van Ingelgem, ha explicado en declaraciones a Europa Press que las solicitudes de extradición cursadas por un Estado miembro de la Unión Europea suelen recibir el visto bueno de las autoridades belgas en base a la relación de «confianza mutua». Sin embargo, añade, existen casos «excepcionales» en los que se puede rechazar, como ha ocurrido con Jáuregui.
Casación considera que «no son ejecutables» las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) cursadas por la Audiencia Nacional, porque el Tribunal de Gante cumplió «en tiempo y forma» con el derecho belga al establecer que «los derechos de la sospechosa no estarían garantizados en este caso», detalla Van Ingelgem.
Desde que se aplica la euroorden en los países de la Unión Europea, el único precedente en que Bélgica ha negado la extradición de un presunto miembro de la banda terrorista ETA se remonta a 2003.
Entonces, la Justicia belga dictaminó que no era aplicable el mandato europeo en el caso de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, pero lo hizo «por razones técnicas muy complejas», según Pellens, que tenían que ver con que la euroorden aún se aplicaba de manera transitoria y con los tiempos de los delitos de que se les acusaba.
La presunta etarra, que fue detenida el pasado 8 de octubre en Gante, se encontraba huida desde 1979 y contra ella había dictada dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) cursadas por la Audiencia Nacional.
Jáuregui Espina, nacida en 1958 en San Sebastián (Guipúzcoa) y conocida con el alias de ‘Pepona’, está considerada miembro ‘liberado’ del Comando Vizcaya entre enero y julio de 1981 y responsable, junto con el resto de sus integrantes, de diversas acciones terroristas en las que fallecieron seis agentes de la Policía, Guardia Civil y el Ejército.