La Plataforma Justicia para Todos, integrada por el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, sindicatos y consumidores, ha convocado para hoy concentraciones ante las sedes judiciales de toda España para protestar contra las nuevas tasas judiciales cuando se cumple un año de su aprobación. Las manifestaciones, que se celebrarán a las 12.00 horas, tienen como objetivo denunciar el carácter «puramente recaudatorio» y el efecto «disuasorio» que ha tenido en los ciudadanos que no han podido acceder a la tutela de los tribunales.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, junto a la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, encabezarán la concentración que se celebrará a mediodía a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.
La Delegación del Gobierno de Madrid denegó recientemente la pretensión de Carnicer de celebrar una concentración ante esta sede por coincidir en el «mismo lugar, fecha y hora» con la comunicada un día antes por el colegio de Madrid.
Destino del ingreso derivado de las tasas
La Plataforma Justicia para Todos ha suscrito un manifiesto en el que acusa al ministro Alberto Ruiz-Gallardón de «incumplir» su compromiso de destinar el importe recaudado con estos gravámenes a la mejora de la Justicia Gratuita. «Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas, ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio», indica.
Transcurrido un año desde la publicación en el BOE de la norma, las organizaciones que se oponen a su vigencia aseguran que se han cumplido «los peores augurios sobre su aplicación» que ha privado a miles de ciudadanos «de su fundamental derecho a la tutela judicial efectiva».
«No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho, ni del abuso del derecho», recoge el manifiesto.
El colectivo pide al Tribunal Constitucional que «agilice» la resolución de las cuestiones y recursos planteados contra la ley, que contempla subidas de entre 50 y 750 euros más una cantidad variable según el objeto del litigio.
La plataforma, que dice mantener su disposición «a la negociación y el diálogo» solicita al Ejecutivo que genere «un amplio pacto de Estado» en el que participen todos los sectores implicados con la finalidad de crear una nueva administración de Justicia de calidad.