El PSOE ya ha pedido explicaciones, pero su partido permanece inmutable. Javier Aguilar Viyuela, marido de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, es vicepresidente de una empresa colaboradora del Ayuntamiento en la gestión de licencias. Una ECLU en la que también aparece Rafael Verdes, cuñado de una concejala del PP del consistorio y hermano de Esteban Verdes, el abogado del ‘tamayazo’. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha asegurado este jueves tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que es Cifuentes la que tiene que dar explicaciones. En defensa de la Delegada del Gobierno tras la exigencia de aclaraciones del PSOE, Victoria ha dicho: «Seguro que ese aparente conflicto que se pueda denunciar por parte de los socialistas tiene su amparo legal y su explicación, evidentemente tiene que ser ella la que dé explicaciones».
El Partido Socialista aseguró a este medio que espera que Cristina Cifuentes no «tenga ningún problema en aclarar» que no existe ningún conflicto de intereses en el hecho de que Francisco Javier Aguilar Viyuela tramite licencias de actividad urbanística autorizado por el Ayuntamiento de Madrid. «La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo», dijeron desde el PSOE. Los socialistas consideran «fundamental» que la delegada del Gobierno salga a «dar la cara» por todos los escándalos que le salpican.
Tal y como adelantó este periódico, la empresa ‘Licencias y certificaciones de Madrid SL’, de la que el esposo de Cifuentes es vicepresidente, es una de las ECLU (Empresa Colaborado de Licencias Urbanísticas) que se creó en 2009 en paralelo a la externalización del servicio que hizo el Ayuntamiento de Ruiz Gallardón tras el 'caso Guateque'. En el consejo de administración de esta compañía aparecen además dos personalidades conocidas en el aparato del PP de Madrid: Rafael Verdes López Diéguez y Gonzalo Martín Borregón García Chica. Verdes es el hermano del abogado y afiliado del PP, Esteban Verdes, y por tanto cuñado de la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. Gonzalo Martín Borregón García Chica comparte consejo de administración en varias empresas de la familia Rato.
Éste no es el único escándalo que salpica a Aguilar Viyuela. El arquitecto, en ignorado paradero para la justicia, mantiene deudas por más de 106.000 euros. Entre sus acreedores está la Tesorería de la Seguridad a la que debe 12.792. También debe 52.298 a un exempleado y 41.566, a una empresa de ingeniería. La Justicia ha determinado en diferentes ocasiones el embargo de las propiedades de Viyuela, para hacer frente a sus deudas. Por herencia y repartidas entre su madre y sus tres hermanos, Viyuela tiene embargados tres locales comerciales y un patio interior en el barrio de Carabanchel (Madrid), una vivienda de 236 metros en Pozuelo de Alarcón y dos fincas de más de mil metros cuadrados cada una en la urbanización Cotos de Monterrey, en Venturada (Madrid).