El Gobierno ha propuesto rescatar a la decena de autopistas de peaje que están en riesgo de quiebra integrándolas en una empresa pública, pero para ello plantea que los bancos acreedores de las vías realicen una quita de hasta el 50% en la deuda que soportan.
De esta forma, la nueva sociedad pública de autopistas sólo reconocería a los bancos unos 2.400 millones de deuda del total de 3.800 millones de deuda financiera que actualmente suman las vías, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Además, los 2.400 millones de euros de deuda con que se constituiría la nueva empresa nacional de autopistas se convertirían en un bono con vencimiento a treinta años y con una rentabilidad del 1%.
El recorte en el volumen de deuda reconocido arroja una quita del 36%. A ella es preciso sumar la quita adicional implícita que supone alargar el plazo de vencimiento de este pasivo hasta los treinta años, lo que eleva hasta el 50% la quita total a la banca que financió las autopistas.
El Estado asumuría además la deuda de hasta 1.200 millones de euros a la que las autopistas pueden tener que hacer frente por los pagos aún pendientes de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron.
Este es el proyecto de rescate de autopistas que representantes del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Hacienda han planteado a los seis grandes bancos y a la patronal de constructoras y concesionarias Seopan en la reunión mantenida en la mañana de este martes.
Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento confirmaron la celebración de la reunión, sobre la que sólo indicaron que «el Gobierno ha realizado una propuesta sobre la que se seguirá trabajando».
Bancos y empresas deben responder el lunes
Fomento y Hacienda han dado de plazo hasta el próximo lunes, 31 de marzo, a los bancos y las constructoras que actualmente tienen en concesión las autopistas para que decidan si aceptan este modelo, según informaron en fuentes del sector.
El Gobierno finalmente ha optado por el proyecto de sociedad pública de autopistas para solucionar el problema de estas vías, en vez de abordar su liquidación, pero con estas condiciones a los bancos. Con ello, se busca evitar que la nueva empresa pública impacte en las cuentas públicas, sobre todo en el déficit.
También se pretende que la sociedad nazca con un menor coste por servicio de la deuda y una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE la considerara como ayudas de Estado.
La banca acreedora de las autopistas ve esta solución como «la menos mala» frente a la alternativa de la liquidación de las vías. Según apuntaron dichas fuentes, la quita de deuda que el Estado plantea tendría un «impacto neutro» en las cuentas de las entidades acreedoras de las vías, dado que ya tienen este pasivo provisionado.
No obstante, aún queda pendiente de definir el pago de los alrededor de 470 millones de euros que la Administración debe a las concesionarias de las autopistas por las modificaciones que incluyeron en sus proyectos de construcción.
Coparía el 22% de la red de pago
En virtud del modelo propuesto, la nueva empresa pública de autopistas sería finalmente 100% titularidad del Estado, y no cederá un 20% del capital a las concesionarias de las vías, tal como se planteó en un principio.
La empresa nacional de autopistas, que debe aprobarse por Real Decreto, integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, alrededor de una quinta parte (el 22%) de la actual red de pago, además de algunas vías libres de tasas como la M-50 de Madrid.
En concreto, abarcará a las cuatro radiales de Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
Estas autopistas, actualmente titularidad de sociedades controladas por las grandes constructoras cotizadas, están en concurso de acreedores por el desequilibrio económico que les ocasionó el sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos y el desplome del tráfico desde que empezó la crisis.
La opción de liquidar estas vías supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado, además de un proceso judicial con sus concesionarias, según indicaron recientemente estas empresas, que aseguran haber perdido ya 1.800 millones de euros en estas autopistas.