Sólo el 55% de las mujeres españolas vuelve a su horario laboral después de la maternidad, mientras el 100% de los padres recupera su trabajo en las mismas condiciones, según el último informe al respecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge la existencia de «presiones» en España a las embarazadas para inducirlas a renunciar.
El trabajo, que compara las leyes de 185 países y territorios y recoge informes independientes para contrastar la aplicación de las mismas, señala que sólo 66 se han comprometido con al menos uno de los tres convenios sobre protección de la maternidad, adoptados en 1919, 1952 y 2000.
Sobre España, apunta que el 45% de las madres que no regresaron a su antigüo horario laboral tras la baja, el 35% de se acogieron a un puesto a tiempo parcial o a una reducción de jornada, y un 7% renunció o perdió su empleo.
La OIT destaca que tras examinar los países de la Unión Europea, ha encontrado «un nivel considerable de discriminación basada en la maternidad» tanto en el ámbito de la contratación y el despido como «en la presión para dimitir, el hostigamiento y otras prácticas contrarias a los principios de empleo, protección y no discriminación», especialmente en España, Rumanía y Lituania.
Según afirma, en España «las prácticas de 'mobbing' sobre mujeres embarazadas están ampliamente extendidas» y se han reportado informes por «acoso en el trabajo durante el embarazo y el despido o presión para salir» de la empresa.
En Croacia, Grecia, Italia y Portugal se ha reportado incluso el «uso generalizado» de las llamadas 'renuncias en blanco', cartas que la trabajadora se ve obligada a firmar sin fecha y que se utilizan para despedirla si se queda embarazada, padece una enfermedad de larga duración o cargas familiares.
Esto, teniendo en cuenta que en España y en el conjunto de la Unión Europea la legislación garantiza el derecho a recuperar el puesto de trabajo al cabo de cualquier permiso laboral, sea de maternidad, paternidad o por cualquier otro motivo. Sólo 20 de 165 países carecen de leyes anti discriminación en el embarazo y la maternidad, ninguno es europeo.
«Para alcanzar la igualdad de género, es necesario proteger la maternidad. Si no existe la igualdad en el hogar, será una ardua batalla conquistarla en el trabajo. Es aquí donde entran en juego las políticas sobre prestaciones de paternidad, cuidado de los niños y otras políticas dirigidas a conciliar la vida familiar y profesional», señala la responsable del Servicio de género, igualdad y diversidad de la OIT, Shauna Olney.
Mujeres sin protección
A nivel global, el estudio refleja que el 53% (98 países) de los 185 países y territorios analizados cumplen el mínimo de 14 semanas de permiso de paternidad, seis de cada diez (107 países) financia las prestaciones mediante la Seguridad Social que, en el 45% de ellos (74 países), equivalen a al menos dos tercios del salario. En tres países la baja de maternidad sigue sin estar remunerada.
Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres trabajadoras, alrededor de 830 millones, no tienen una cobertura adecuada de maternidad en la práctica, sobre todo en los países en desarrollo: Casi el 80% de estas mujeres trabaja en África y Asia, donde algunos grupos de trabajadores están excluidos de la protección.
«Si bien los resultados sugieren que muchos países han incorporado en su legislación los principios de protección de la maternidad y de apoyo a los trabajadores con responsabilidades familiares, en la práctica la falta de protección sigue siendo uno de los mayores desafíos para la maternidad y la paternidad actualmente», señala la coautora del informe Laura Addati.
Sólo tres de los 185 países y territorios no contemplan en la legislación el derecho a percibir prestaciones pecuniarias durante la licencia de maternidad y, en la actualidad, más de 100 países financian las prestaciones a través de la seguridad social, reduciendo la contribución de los empleadores.
En cuanto a la paternidad, 79 de 167 países disponen del derecho legal a esta licencia, y en 70 de ellos está remunerada. Se trata de un permiso más frecuente en países desarrollados.
La OIT insta a los Estados a garantizar que las medidas dirigidas a proteger la maternidad y a conciliar la vida familiar y el trabajo sean universales y que los criterios de elegibilidad sean inclusivos, ofrecer atención básica a la salud materna y seguridad de los ingresos tras el nacimiento de un hijo, eliminar y prevenir la discriminación en este ámbito, y reducir el coste para los empleadores de las prestaciones de maternidad.