La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y otros colectivos han presentado este lunes una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa y ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) por vulneración de derechos y libertades fundamentales en España (como el derecho a la vivienda y a la manifestación), avanzando que inicia una campaña de 'escraches'.
En un comunicado, la PAH pide en su denuncia que se inicie por parte de estas instituciones una investigación «urgente» por vulneración del derecho a la vivienda, el de la libertad de expresión y del de derecho a la reunión (artículos 18, 19 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
En este sentido, este colectivo solicita la adopción de medidas que corrijan esta situación y que se suspendan «desalojos forzosos» para las familias que no tengan alternativa habitacional.
Aparte, reclama que se inste a las autoridades españolas que abran procesos de investigación por posible comisión de delitos de estafa, publicidad engañosa y aparcamiento de bienes de primera necesidad por parte de las entidades financieras en actuación a su estrategia en materia de hipoteca y productos hipotecarios.
Finalmente, reclama que se supriman en España «medidas represivas» en materia de libertades y derechos de manifestación, reunión y expresión y que se supervisen por estas entidades los actos que se realizarán con motivo de la campaña para las elecciones europeas.
Escraches a partir del aniversario del 15-M
En este sentido, la PAH avanza que realizará una campaña de 'escraches' con motivo del aniversario del 15-M y a una semana de las elecciones europeas, abriéndolo a otros colectivos no relacionados con la vivienda, como pueden ser sanidad y educación.
El colectivo argumenta en su comunicado que esta campaña es una «solución de último recurso» al entender que se han «agotado todas las vías» que tiene el sistema para «poder canalizar que las necesidades de la población lleguen al poder legislativo y poder hacerlas realidad».
En este sentido, aluden a la «flagrante» dejación de funciones por parte de los gobernantes del país que «frustra» la confianza que ponen los ciudadanos en las instituciones, haciendo referencia a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamaba la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria y que fue suscrita por 1,5 millones de personas.
Por ello, realizarán esta campaña de 'escraches' para que, por medio de la movilización, los representantes de la ciudadanía «escuchen al pueblo y cumplan con sus obligaciones por encima de los intereses de los poderes económicos».
Contenido de la denuncia
En la denuncia entregada a esas instituciones, aluden a que la ejecución hipotecaria constituye una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y recuerdan que, desde 2007, se han producido 400.000 ejecuciones hipotecarias.
También exponen que existen personas que proceden a ocupar viviendas vacías de entidades financieras al carecer de hogar y que, por ello, se exponen al desalojo y a un proceso penal por delito de usurpación.
Por dicha situación, exponen que se ha generado una «protesta social sostenida en el tiempo» y que la reacción por parte de las autoridades ha sido «reprimir», «cada vez con mayor agresividad», los derechos de reunión, expresión y manifestación.