El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique López presentará este lunes su dimisión al presidente de este órgano, Francisco Pérez de los Cobos, según ha confirmado el propio magistrado.
La decisión se produce después de que López haya dado positivo en un control de alcoholemia al que la Policía le ha sometido después de ser interceptado por ir circulando con su moto sin casco.
En declaraciones a Europa Press, López ha señalado que desde el principio él había manifestado que asumía lo ocurrido, así como sus consecuencias y que la dimisión es consecuencia de estas decisiones. Por ello, el magistrado, designado a propuesta del PP en 2013, presentará mañana su dimisión como miembro de tribunal de garantías y así se lo comunicará a Pérez de los Cobos.
Los hechos han ocurrido sobre las 7.30 horas de esta mañana cuando agentes de la Policía Nacional han pedido al juez que se detuviera cuando circulaba en su moto por el Paseo de la Castellana de manera indebida y sin casco, han explicado las citadas fuentes.
Los agentes han dado aviso de los hechos a la Policía Municipal, que se ha personado en el lugar para someter a López a un control de alcoholemia, en el que ha dado positivo.
Enrique López fue designado como magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en contra de que éste formara parte del alto tribunal.
Asunto privado
El Tribunal Constitucional considera un «asunto privado» la conducta del magistrado Enrique López, quien ha dado positivo en un control de alcoholemia después de ser interceptado a primeras horas de este domingo por ir circulando con su moto sin casco. Así lo han señalado fuentes de este órgano, que no tiene previsto realizar ninguna comunicación pública al respecto.
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional autónomo que no forma parte del Poder Judicial, por lo que sus magistrados no responden disciplinariamente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque sean jueces.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que es la que regula este órgano, contempla en su artículo 23 las causas de cese de los magistrados, siendo una de ellas el haber sido declarados responsables civilmente por dolo o condenados por delito doloso o por culpa grave.