domingo, noviembre 24, 2024
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El Gobierno aprueba la ley que regula la sucesión

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El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión extraordinaria de este martes por la mañana un proyecto de ley orgánica para regular la abdicación del Rey Juan Carlos I que cuenta con un artículo único y una disposición final única para hacer efectiva la renuncia a la Corona de España. La norma entrará en vigor en el mismo momento en que se publique en el BOE, han informado fuentes del Ejecutivo.

En concreto, el proyecto aprobado incluye un artículo único que dice textualmente: «S. M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica». La disposición final única indica que la entrada en vigor tendrá lugar en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.

En la exposición de motivos de la ley, se reproduce íntegramente el discurso del Rey en el que explica los motivos por los que ha decidido abdicar y recuerda que es el artículo 57.5 de la Constitución Española el que dispone que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica».

Este precepto, explica la exposición de motivos, sigue los precedentes históricos del constitucionalismo español, que en los textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con variaciones, en otros precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las cuestiones a que diera lugar la sucesión así como la autorización de la abdicación, incluso mediante una ley especial para cada caso.

«Si bien la Constitución en vigor no utiliza este último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo 57 de que el acto regio sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea éste el instrumento legal idóneo para regular la efectividad de la decisión», añade.

En la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el Gobierno también ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la monarquía, de agradecimiento a la labor de Don Juan Carlos y en la que se subraya que la Constitución «asegura la normalidad en la sucesión a la Jefatura del Estado».

Rey de todos los españoles

La declaración subraya que desde su proclamación como Rey, Don Juan Carlos «quiso serlo, y lo ha sido, de todos los españoles». Advierte de que «sin su impulso y liderazgo la Transición, sencillamente, no habría sido posible». «Su esfuerzo, junto con el de todos los que contribuyeron al advenimiento de la democracia, culminó en la Constitución, aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978», recuerda.

«Si España es hoy un Estado de Derecho, moderno y democrático, que ha logrado alcanzar altas cotas de bienestar social y protagonismo en Europa y en todo el escenario internacional, se debe, en gran medida, al reinado de Don Juan Carlos I«, añade.

La Constitución, recuerda el texto, designó al Rey como el símbolo de la unidad y permanencia de España, árbitro y moderador de los poderes del Estado y el máximo representante de la nación española.

«Durante estos 39 años, el Rey ha desempeñado sus altas funciones constitucionales de forma decidida y entregada, tanto dentro de nuestras fronteras como en el ámbito internacional, contribuyendo de forma decisiva a que España sea un actor importante y respetado en el concierto de las naciones», afirma.

«Y esta labor –precisa– no ha sido siempre fácil. En los momentos en que el nuevo marco de convivencia se vio en peligro, la intervención del Rey al servicio de los españoles y de su democracia fue decisiva, asegurando los cimientos de libertad y concordia sobre los que se erigió el nuevo Estado social y democrático de Derecho».

En esta declaración, el Gobierno expresa públicamente su «lealtad, afecto y gratitud» a los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, por «su entrega y dedicación a España y a los españoles durante su reinado».

Y también se muestra convencido de que «la formación, carácter, experiencia y vocación de servicio a España» del Príncipe Felipe le permitirán desempeñar «adecuadamente» sus funciones al servicio de España y «fortalecer» la Monarquía parlamentaria, «que la Constitución proclama como garantía de la unidad, progreso, concordia y bienestar de todos los españoles».

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