El consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha debatido este miércoles -a petición de la delegación española y portuguesa- el procedimiento a seguir para el cese de Magdalena Álvarez como vicepresidenta del organismo por su imputación en firme por el fraude de los ERE en Andalucía, pero ha aplazado la decisión final a su próxima reunión de julio.
«A petición de varios miembros, el consejo de administración del BEI ha tenido una discusión procedimental sobre los riesgos de reputación relacionados con las acusaciones contra la vicepresidenta Álvarez», ha informado una portavoz del Banco en un breve comunicado.
«Una discusión adicional sobre la sustancia de cualquier riesgo de reputación para el BEI podría producirse en una reunión posterior del consejo de administración, posiblemente en julio en Luxemburgo», ha dicho la portavoz, sin añadir más detalles. El próximo consejo de administración está previsto para el 22 de julio.
El Gobierno cree que Álvarez no podría ejercer ningún cargo directivo en el sector bancario en España en virtud de la nueva Ley sobre honorabilidad en el sector financiero, al estar investigada con carácter penal de un delito contra la Hacienda pública.
Clara Crespo, representante española en el consejo de administración del BEI y subdirectora general del Ministerio de Economía, pidió por carta al presidente de la institución un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de Álvarez.
A iniciativa del Congreso
De esta manera, el Gobierno español decidía tomar la iniciativa tras la imputación de Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, después de que varios miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Economía, Luis de Guindos, hayan apelado de forma reiterada a la responsabilidad de la exministra socialista.
En concreto, Crespo solicitó en la misiva aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores, así como sobre quién inicia el procedimiento, qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar.
Además, la representante española en el máximo órgano de gobierno del BEI pidió que se consulte a la Oficina de Conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para el BEI en las actuales circunstancias.
Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. Su salario supera los 23.000 euros al mes. El mandato de Álvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.