La juez Mercedes Alaya, que comanda la investigación relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, ha emitido un nuevo auto en el que resuelve imputar al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler (PSOE). Asimismo, la juez ha decidido dejar «sin efecto» el señalamiento fijado para este jueves al objeto de que compareciese como imputado el presidente de Unicaja, Braulio Medel, aplazando dicha comparecencia al 12 de junio.
Martín Soler, citado el día 17 de junio, se suma así a los exdirigentes de la Junta de Andalucía que ya figuran en la causa, como las exconsejeras de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez; los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio; los exconsejeros de Economía, Innovación Ciencia y Empresa Francisco Vallejo y Antonio Ávila; y los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Hablamos de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.
En el marco de la investigación, la juez ha emitido este miércoles un nuevo auto, recogido por Europa Press, y en cuyo cuarto punto trata de «cerrar el capítulo del papel desempeñado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y por consiguiente por la Consejería de Innovación, a la que estaba adscrita desde 2004, como compañero perfecto de la Consejería de Empleo no sólo en la materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L de dicha consejería».
Señala la juez que el «informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008» elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la agencia IEA «volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo usado por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación de explotación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado». «De este informe sería receptor el 4 de noviembre de 2009 el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler», pero «a pesar de las conclusiones de este informe, la agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Innovación, seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo», extremo por el cual la juez resuelve comunicar a Soler «la existencia del procedimiento», siempre «en calidad de imputado.
Cargos institucionales
En el mismo auto, la juez atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, en su condición de extraneus, a Isidoro Ruz, socio del que fuera chófer del otrora director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hombre clave en la investigación a cuenta de su cargo. Según la juez, las sociedades constituidas por Ruz y el exchofer de Guerrero Juan Francisco Trujillo se beneficiaron de ayudas por valor de 450.000 euros concedidas por Guerrero «con total ausencia de procedimiento».
Lo mismo sucede con Antonio Diéguez Viera, un vecino de Cazalla de la Sierra (Sevilla) a quien se le atribuye además tráfico de influencias tras usar las mismas con Guerrero para obtener una ayuda de 300.000 euros «mediante oficio carente de contenido y motivación», si bien la ayuda no habría sido finalmente ingresada. También le atribuye la constitución de una sociedad «vacía de contenido» para percibir ayudas «de la mano de Guerrero». El auto señala igualmente como imputado al vecino de Las Navas de la Concepción Antonio Polonio Correa por el cobro de ayudas merced a un «simple protocolo de intenciones» firmado por Guerrero, atribuyendo prevaricación, malversación y tráfico de influencias a Santiago Florencio, esposo de la también imputada Rocío Sayago, por una ayuda de 60.000 euros obtenida mediante «influencias» con Guerrero.
Por los mismos delitos está imputado Manuel Robles Castaño, por su papel en la sociedad Matadero de Sierra Morena, la empresa «que más subvenciones había recibido de la Junta» y cuyo accionariado mayoritario adquirió la sociedad Antonio Barbadillo. Respecto a las prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, concluye la juez que el exalcalde de la pedanía jerezana de Torrecera Agustín Moreno cobró de la póliza de seguro de rentas de tales prejubilaciones «a pesar de que nunca trabajó» en las empresas de la Faja Pirítica. Tal aspecto derivaría de su «relación» con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
La «amistad» de Guerrero
El auto también atribuye tráfico de influencia a Cristina Ruiz Castillo, quien mediante su «amistad» con Guerrero lograría que su padre, también imputado en la causa, «obtuviera cuantías de los fondos públicos sin tener derecho a ello». El auto señala además el caso de Miguel Errecalde Treviño, director de 'Cenforpre' en 2004 y quien «para obtener de la Junta el abono de sus honorarios» por un «conducto» ajeno al oficial, pues «una empresa no puede beneficiarse de pólizas de renta de supervivencia», usó como «tercero» a José Antonio Gómez Romón, para «cobrar los servicios prestados por la entidad sin sujeción a procedimiento alguno».
También figura en el auto la imputación de Luis Javier García Reyes, miembro de la asociación de trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina, quien a través del exsindicalista de UGT Juan Lanzas habría logrado que su esposa y también inculpada Josefa Martínez fuese prejubilada en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 'Hitemasa' pese a no pertenecer a la plantilla. Además, la juez pide a las partes que se pronuncien sobre la petición de la Junta para que comparezcan como imputados Alfonso Seoane Yarza, antaño colaborador del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, la que fuera alcaldesa socialista de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, y al gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla entre 2002 y 2004, José Emnrique Contreras.
Decreta varios sobreseimientos
La juez, además, decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a Rosario González Agulló, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, así como para el prejubilado del ERE de Mercasevilla de 2007 José Antonio Rivera, al quedar «acreditada su condición de empleado discontinuo de la empresa». Lo mismo sucede en el caso de Diego Guerrero y Antonio Parrado, sobre quienes se archivan las actuaciones al quedar acreditado que «han sido trabajadores de la empresa Samec».
Finalmente, la juez señala 31 nuevas citaciones, entre ellas las de Braulio Medel el 12 de junio, el hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla Ángel Rodríguez de la Borbolla el 13 de junio, Martín Soler el día 17, y ese mismo día el actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde.