Primer Consejo de Ministros ordinario tras la histórica decisión del Rey Don Juan Carlos I de abdicar en favor de su hijo, el Príncipe Felipe. Este martes el Gobierno de Mariano Rajoy se reunió de manera extraordinaria para aprobar la Ley Orgánica que regula el proceso de abdicación del actual Monarca, pero su simplicidad -poco más de 60 palabras- dejaba muchas cuestiones en el tintero. Una de ellas, el futuro aforamiento del Rey Don Juan Carlos. El pasado martes no hubo opción a preguntar, el Gobierno no convocó rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria, pero este viernes, que sí ha comparecido el Ejecutivo, muchas incógnitas aún se mantienen. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Ejecutivo ya «trabaja» en el aforamiento del Monarca, pero se ha negado a dar detalles sobre esta cuestión y se ha limitado a explicar que de la «forma, contenido y plazos» Moncloa informará más adelante.
En cualquier caso, la portavoz gubernamental sí ha confirmado que el proceso deberá hacerse mediante la aprobación de una Ley Orgánica. Es decir, hará falta un tiempo concreto para llevarse a cabo, puesto que igual que ha ocurrido con la Ley de abdicación, después de que el Consejo de Ministros dé luz verde a la normativa, ésta deberá pasar el correspondiente trámite parlamentario. Esto es que el 19 de junio, el mismo día de la proclamación del nuevo Rey de España, Felipe VI, y un día después de que Don Juan Carlos sancione la Ley de abdicación, el padre del Monarca dejará de estar protegido jurídicamente durante un tiempo, hasta que la nueva Ley esté lista.
No obstante, tampoco se ha mostrado especialmente preocupada a este respecto, puesto que tal y como ha recordado ella misma, el Rey «tiene inviolabilidad». Según establece la Constitución de 1978, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2». Según la Carta Magna, de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, en este caso el presidente del Gobierno. «Éste es elemento muy importante a tener en cuenta», ha zanjado la portavoz gubernamental. De hecho, este es el argumento jurídico al que se acogió Moncloa y Zarzuela para explicar por qué la decisión de Don Juan Carlos I -calificada de «personalísima»- fue anunciada por el Jefe del Ejecutivo y no por él mismo.
La vicepresidenta ha señalado que la reflexión sobre la existencia de un «vacío legal» en el aforamiento de algunos miembros de la Familia Real «no es nueva» para este Gobierno, que el pasado 4 de abril decidió incluir el aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está aún en fase de anteproyecto. En opinión de Sáenz de Santamaría, es «llamativo» que, ante el número «bastante amplio» de altos cargos que están aforados en España no se haya aforado a algunos de los miembros de la Familia Real. Por otra parte, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno ya tiene elaborado el real decreto que regulará el tratamiento y los títulos que tendrán Don Juan Carlos y Doña Sofía, pero que aún no puede anunciar cuándo se aprobará.
La portavoz gubernamental también ha aprovechado esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para negar los rumores que desde el lunes circulan respecto a la «improvisación» del Rey en la toma de esta decisión. Nadie se lo ha preguntado, pero es lo primero que ha querido dejar claro. «Un procedimiento de esta magnitud ha sido premeditado por quien debía tomar esta decisión. En cualquier caso, ha sido una decisión muy analizada por el jefe de la Casa del Rey», ha aseverado Santamaría.