El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la petición de la Ertzaintza de instalar una pulsera telemática al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que se encuentra desde el pasado 3 de abril en situación de prisión domiciliaria en su casa de Mondragón (Guipúzcoa) para ser tratado del cáncer que sufre, para controlar sus movimientos.
El magistrado, que investiga la participación de Bolinaga en el asesinato del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos, que se produjo en la localidad guipuzcoana en 1986, rechaza esta medida de control, solicitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco el pasado 13 de mayo, argumentando que «no hay modificación alguna de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta» para acordar su prisión domiciliaria.
El auto señala que «en modo alguno» las actuales medidas de seguridad en el domicilio de Bolinaga pueden suponer «cierta lesividad mediática en el entorno» del preso, como argumentaba la Ertzaintza, y tampoco supondrían «agravar la situación del mismo ni el devenir diario de los vecinos del entorno».
El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco explicaba en su solicitud que la instalación de la pulsera «alertaría del alejamiento del imputado de su domicilio» con «una presencia policial más discrecional, realizándose las vigilancias directas durante sus salidas programadas para el tratamiento de su enfermedad».
También habría permitido, según este cuerpo, «una reducción» del número de agentes destinados a esta labor «sin menoscabo de los derechos del imputado ni de las personas de su entorno con un control policial menos invasivo».
Tratamiento oncológico
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó la prisión domiciliaria de Bolinaga, secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras valorar los informes médicos que apuntaban que la cárcel «no debería considerarse como el lugar más conveniente» para que el etarra siga «el tratamiento prescrito por el equipo médico oncológico» para combatir el cáncer que sufre.
El auto establecía que el etarra, que está en libertad condicional desde agosto de 2012, podrá cumplir la disposición judicial «en su domicilio con las medidas de vigilancia necesarias» y que «únicamente podrá salir» del mismo «durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad y siempre con la vigilancia precisa».
La resolución recogía un informe médico del pasado 19 de marzo en el que se señalaba la «presencia de metástasis ya conocidas en la porción superior del hemisferio cerebeloso izquierdo, el lóbulo parietal derecho y la temporal derecha, sin cambios significativos».