La Audiencia Provincial de Granada ratificaba el pasado 11 de junio la entrada en prisión de Carmen B.C. y Carlos C.N. por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en la localidad de Granada. La entrada en un bar solicitando a la dueña que cerrara el negocio fue suficiente para identificarlos y acusarlos de ser los autores de pintadas y daños materiales. La condena a la que se enfrentan es de 3 años y 1 día por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Esta sentencia abre paso a que otros procedimientos que se encuentran siendo juzgados en los tribunales pudieran tener el mismo final para los imputados. Según confirma el portavoz de CCOO, Rodolfo Benito, hay actualmente 57 procedimientos abiertos con 200 imputados por causas similares. Una situación que no se producía desde el conocido ‘Proceso 1001’ durante el régimen franquista en 1973. Toda la dirección de CCOO fue condenada a prisión.
«Veo perfectamente posible que el caso de EADS-Airbus acabe como el caso de Granada, con los sindicalistas en la cárcel»
«Veo perfectamente posible que el caso de EADS-Airbus acabe como el caso de Granada, con los sindicalistas en la cárcel». Es el pensamiento general que ronda por la cabeza de los 8 imputados de la empresa, que se materializa en boca del secretario general de la sección sindical interempresas, Antonio Martín Jurado. La Fiscalía pide 8 años y 3 meses de cárcel para los participantes de la protesta, la condena más alta que se ha presentado hasta el momento. «Una barbaridad», apostilla Martín Jurado.
El altercado en la factoría de Airbus ocurrió durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, donde se sucedieron una serie de enfrentamientos directamente con la policía que se encontraba afincada a las puertas de la factoría desde primera hora de la mañana. Según relata Martín Jurado, los agentes mostraban «una actitud provocadora2. Todo comenzó cuando uno de los trabajadores intentó entrar a la empresa y se “chocó” con los compañeros que estaban taponando la puerta. La Policía disparó al aire y acabó en un enfrentamiento que se saldó con varios heridos en el botiquín.
José Alcázar es uno de los imputados en este caso. Tiene 63 años y está prejubilado, aunque otros de sus compañeros continúan trabajando en la empresa. Sus ánimos se han removido desde que conoció la sentencia de Granada: «Agrava mi preocupación por la entrada en prisión». Alcázar y sus compañeros están acusados por delitos contra el derecho de los trabajadores, lesiones y desacato a la autoridad. Teme que si Carlos y Carmen han entrado por menos en prisión, ellos tendrán un final similar, para el que afirma «no estar preparado».
Los abogados de los 8 imputados continúan su defensa en los tribunales donde han presentado un escrito de defensa y un incidente de nulidad de actuaciones. Actualmente se encuentran a la espera de una resolución que Alcázar afronta convencido de que lo único que hizo fue «defender la democracia».
Dos mujeres de Pontevedra, condenadas a 3 años
No son solo sindicalistas los que sufren las acusaciones, también los propios trabajadores. Tamara Vidal y Ana Outerelo acudieron a una huelga en las piscinas de Ponte Muíños (Pontevedra) en 2010. Ambas fueron acusadas de «un delito de coacción a los empleados» y condenadas a 3 años y 1 día de prisión tras haber recurrido una primera sentencia en la que se les imponía 6 meses de cárcel.
Ana Outerelo: «No soy ninguna delincuente»
Ana Outerelo confiesa a ESTRELLA DIGITAL que esta sentencia ha supuesto un mazazo: «No soy ninguna delincuente». Asegura que aquel día acudió a manifestarse pero no coaccionó a nadie a que siguiera la huelga ni fue quien vertió pintura en la piscina, hecho por el cual tiene que hacer frente a una multa económica. La representante sindical de las instalaciones deportivas de Pontevedra, María Teresa Pérez Pardo, también ha expresado su indignación: «Fueron acusadas injustamente ya que no había pruebas contra ellas. Es un palo muy gordo». Una preocupación que se suma al agravante de que Tamara está embarazada.
El pasado 6 de junio el abogado de las trabajadoras fue informado de que recibirán una carta en la que se fija la entrada en prisión de forma voluntaria en un periodo de 15 días o en su defecto se iniciará un proceso de busca y captura. La decisión más inmediata de los abogados ha sido pedir el indulto. El pasado miércoles acudieron a Madrid con el fin de solicitarlo, y en la próxima semana pedirán al Juzgado de lo Penal de Pontevedra que paralice la entrada en prisión hasta que se resuelva la petición del indulto. Outerelo asegura que esta petición «le quita un peso de encima» pero que seguirá luchando para «evitar la entrada en prisión y causar el menor dolor a su familia».
Estos son solo dos ejemplos de cómo la Justicia está aplicando el derecho laboral. «Una criminalización de los movimientos sociales y sindicales», según CCOO. El sindicato considera que se pretende tornar la imagen del sindicalista como alguien violento y a quien se acusa sin pruebas. Su respuesta más directa ante esta realidad ha sido la puesta en marcha junto a UGT de una campaña de concienciación. La primera acción será enviar escritos a todos los organismos judiciales españoles, así como a la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales. Después propondrán cambios en el Código Penal para una regulación más eficaz de la huelga. En definitiva, una muestra de su oposición ante lo que consideran «la vulneración de un derecho fundamental».