El Comisión de Justicia ratifica la ponencia sobre el aforamiento exprés del Rey Don Juan Carlos I por 23 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones. El PP, Foro Asturias y UPN han votado a favor, UPyD y la Izquierda Plural han dicho 'no' y el PSOE, CiU y PNV se han abstenido. Es más, los grupos de la oposición han denunciado en el Congreso que el PP ha escogido una vía exprés para dar un «aforamiento desmesurado» a don Juan Carlos y parte de la Familia Real, que «levanta sospechas y suspicacias» y que los ciudadanos no entienden el motivo del apresurado «blindaje». «Lanza el mensaje de que a mí no me juzga el juez Castro», ha resumido el diputado de IU Gaspar Llamazares.
La Comisión ha debatido este martes las dos enmiendas que el PP ha incluido en una ley sobre funcionarios judiciales para aforar a los Reyes salientes, Don Juan Carlos y Doña Sofía; la Reina Letizia; y a los Príncipes de Asturias, Doña Leonor y su futuro cónyuge. El portavoz del PP en materia de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha apelado a la «impagable deuda de gratitud» hacia su majestad el Rey Juan Carlos I para reclamar un «amplio» respaldo del Parlamento a esta iniciativa. «Es una cuestión oportuna y necesaria», ha añadido.
El parlamentario 'popular' ha justificado esta necesidad en la ausencia de previsiones legales que determinen cuáles son los juzgados encargados de conocer las causas abiertas contra la Familia Real. «Confundir fuero con privilegio o diferencia con privilegio es un ejercicio de demagogia», ha remachado. Castillo Calvín ha afirmado que el debate sobre el número de aforados podrá ser discutido en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno remitirá en octubre y ha defendido la tramitación escogida. Según ha dicho, a ningún grupo se ha hurtado el debate y la doctrina del Tribunal Constitucional permite introducir dichas enmiendas.
La diputada del PSOE Meritxell Batet ha mostrado su discrepancia con el método escogido vía enmienda para regular los fueros 'reales' y ha lamentado la ausencia de una reflexión «rigurosa y de calado» sobre el número de aforados y su ámbito jurídico a proteger.
Falta de precedentes en la Unión Europea
El portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido de que este aforamiento «desmesurado» y urgente «levanta tantas suspicacias que nace viciado por la sombra de la sospecha». Según ha dicho, la prerrogativa es «más potente» que la del resto de aforados por cuanto se extiende al ámbito civil desvinculado del ejercicio del cargo.
La diputada de UPyD Irene Lozano ha coincidido en que se trae a la Cámara un «aforamiento plus» para los miembros de la Familia Real y en que los 10.000 aforados que hay en España cuentan con un «privilegio» al disponer de una Justicia «cómoda». «No se puede decir que nos preocupa la corrupción y acabar con los privilegios y al mismo tiempo ahondar en ello», ha dicho al PP.
«¿Qué se trata de ocultar, por qué este blindaje excepcional del Rey y de la Familia Real?», ha preguntado el diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, que ha defendido que el fuero debe estar aparejado al cargo y que la Monarquía y el Partido Popular lanza un mensaje de «desacato» a la Justicia. «Es el mensaje de que a mí no me juzga un juez Castro, no me juzga un juez ordinario, me juzga un juez catedrático porque yo no soy el ciudadano Juan Carlos, sino el Rey emérito y a la Familia Real solo se juzga ante el Tribunal Supremo y ante Dios», ha exclamado Llamazares, que ha criticado la «agosticidad y alevosía» con la que se tramita el cambio legal en un contexto «repugnante de olor al caso Nóos».
CiU, por boca de Jordi Jané, ha anunciado su abstención y ha advertido de que las Cortes Generales tienen la obligación de tramitar las iniciativas, sobre todo de un tema tan «sensible», con corrección y que sea entendido por la opinión pública. «Y los ciudadanos no entienden las prisas y la necesidad», ha remachado.
El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha expresado sus reservas por la intención del PP de «blindar el pasado, el presente y el futuro» de don Juan Carlos y de miembros de la Familia Real. «Es un despropósito», ha indicado, para concluir que no existen precedentes en la Unión Europea.
Además, a través de una segunda enmienda se incluirá una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.
La vicepresidenta, «sorprendida» con el PSOE
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado que vaya a haber diputados y senadores que disfrutan de aforamiento que rechacen la reforma legal que concederá esta protección al Rey Juan Carlos I, y ha asegurado también que ha acogido con «cierta sorpresa» la decisión del PSOE de abstenerse en este proceso.
En declaraciones tras participar en un desayuno informativo, Santamaría no se ha extendido más sobre la posición socialista y ha añadido que será este partido el que «tendrá que explicar» las razones. Y ha rechazado a continuación a quienes están en contra de aforar al Rey abdicado por motivos de «igualdad». «Me gustaría recordarles a todos ellos que son aforados y están negando el aforamiento que ellos mismos tienen. Si no es contrario para la igualdad en el caso de diputados y senadores, creo que para la Jefatura del Estado tampoco lo es», ha dicho.
El Partido Popular lo tiene claro. «La abstención del PSOE tiene que ver con el momento y con la crisis interna por la que atraviesa la formación», reconocían este lunes fuentes 'populares'. El secretario general del Grupo Socialista y candidato a la Secretaría General, Eduardo Madina, y el expresidente del partido Manuel Chaves, sin embargo, no aceptan este extremo. «Lo que ha hecho el PP para proteger jurídicamente de manera exprés al Monarca saliente es una chapuza legal».
En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de los martes del Grupo Socialista, Madina ha dicho compartir el sentido del voto fijado este mismo lunes por su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, porque considera que éste es un asunto «lo suficientemente serio» como para haberle dado «una reflexión mayor, un marco legislativo adecuado, otra profundidad y un análisis más a fondo».