El dictado por el magistrado José Castro de auto de incoación de procedimiento abreviado en un proceso que afecta a personas cercanas a la Casa Real ha provocado una serie de descalificaciones en determinados ámbitos que se añaden a presiones anteriores y que resultan lesivas para la independencia judicial. Desde Jueces para la Democracia recuerdan que José Castro no asumió voluntariamente la instrucción de esa causa que le correspondió conforme a las normas de reparto y se ha limitado a cumplir con sus deberes como integrante del poder judicial con un gran esfuerzo profesional, en una causa de especial complejidad fáctica y jurídica.
Jueces por la Democracia denuncia que en determinados ámbitos no ha gustado el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales y se han empeñado en lanzar sobre él una campaña de deslegitimación para intentar restar credibilidad a sus actuaciones. “Resulta especialmente llamativa la actuación de la Fiscalía que en diversas ocasiones se ha apartado del legítimo debate jurídico-procesal para lanzar todo tipo de insinuaciones maliciosas sobre las finalidades del juez instructor”. Desde la Fiscalía se aseguró que José Castro se apoyaba en teorías conspiratorias y se afirmó que la infanta Cristina había sido imputada solo por ser quien era. Con este tipo de manifestaciones se ha sugerido que el juez instructor tiene otras finalidades distintas a las de interpretar y aplicar adecuadamente la ley.
El recurso de apelación presentado por la Fiscalía supone un salto cualitativo en esta situación. En dicho escrito de impugnación se alega que el juez instructor ha tenido como finalidad preconcebida acusar a la infanta Cristina sin ningún fundamento real y que para ello ha tenido que urdir una apariencia de elementos indiciarios. En el recurso existen numerosas alusiones en las que se roza la acusación de prevaricar contra el juez instructor.
La asociación considera que el citado auto de procedimiento abreviado está ampliamente motivado y explica con claridad los indicios de criminalidad contra todas las personas imputadas. “Se puede discrepar con argumentos de su contenido, pero no resulta admisible la descalificación al juez instructor con alusiones que no son jurídicas y suponen meros ataques personales. Todavía resulta más grave que, en el citado contexto de presiones mediáticas hacia el juez instructor, la Fiscalía contribuya con su actitud a favorecer las mismas, en lugar de reforzar la confianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones judiciales. Dichas valoraciones pueden suponer una falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 63-3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al tratarse de una falta grave de consideración hacia el juez instructor”.
Por ello, desde Jueces para la Democracia reclaman a la Fiscalía mayor prudencia y respeto institucional en sus valoraciones sobre la figura del juez instructor y solicitan al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado que adopten las medidas correspondientes para salvaguardar la independencia judicial del magistrado José Castro.