El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha admitido este miércoles que la tramitación del aforamiento del Rey Juan Carlos quedó «un poco chapuza» porque las Cortes tuvieron que tramitarla «a toda velocidad», pero ha defendido la concesión de este estatus jurídico al padre del actual Jefe del Estado y a otros miembros de la Familia Real.
Así lo ha asegurado Posada durante el debate que ha mantenido con los alumnos del curso 'Estado y sociedad ante crisis y corrupción' organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en el campus de Vicálvaro (Madrid), de la Universidad Rey Juan Carlos. Posada ha reconocido que la reforma para 'blindar' a Don Juan Carlos habría que haberla pensado antes y que al final, por las prisas, se incurrió en una «chapuza». «Hemos llevado las cosas en el Congreso a toda velocidad; en las formas se pueden poner peros, pero en el fondo no», ha añadido.
De esta forma Posada viene a coincidir con las críticas de la oposición al procedimiento, pues tanto el PSOE e IU como UPyD y los nacionalistas se quejaron de la decisión del PP de tramitar de urgencia el aforamiento a través de una enmienda introducida el último día de plazo en una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estaba abierta pero con otros fines.
No se libran del juicio
En cualquier caso, Posada ha insistido en que aforamiento no se sinónimo de «impunidad», por lo que si algún aforado comete un delito «va a ser juzgado igual que el que no lo está». En este punto ha comentado que si alguien «por afán de notoriedad» inicia una causa contra Juan Carlos I «es lógico» que pueda «cortarse de raíz» pero que, en el caso de haber algún hecho punible, el aforamiento «no le serviría de nada» porque no le libraría de ser juzgado.
Además, Posada ha explicado que el aforado se «beneficia» de ser juzgado por el Supremo, pero que también tiene que lidiar con el inconveniente de no poder recurrir ante este órgano, una posibilidad que sí tienen los que no son aforados y son juzgados en una primera instancia. Respecto a la revisión de esta figura propuesta por el PP, el presidente del Congreso ha recordado que reducir el número de aforados entraña dificultades, al menos en el ámbito político, porque es la Constitución la que establece el aforamiento de diputados y senadores.
No en la vida privada
Pero, a su juicio, más que recortar aforados habría que limitar el aforamiento a los actos que los que disfrutan de él realizan en el ejercicio de sus cargos. Así, ha defendido que se blinde a los parlamentarios para poder defender sus posturas políticas sin estar expuestos, por ejemplo, a constantes denuncias, pero dejando fuera los asuntos relativos a su vida privada.
Ha puesto el ejemplo el político «que sale de una boda y tiene un accidente de tráfico», un asunto que, en su opinión, no debería tratarse en el Tribunal Supremo sino en los tribunales ordinarios.