El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha calificado las condenas a miembros de la banda terrorista ETA de «altas y desproporcionadas» y señala que, sobre todo, «hay un régimen de cumplimiento de penas totalmente desigual en relación con el resto de presos».
De Prada se ha referido en estos términos en uno de los cursos del Campus de Verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid y ha defendido que las penas han de responder «a una necesidad, que sean humanas y que se apliquen en un régimen de igualdad en relación con otros presos».
En su opinión, «un momento clave» se constituye con la aplicación de la Doctrina Parot cuando una serie de penas se empezaron a computar «de una forma distinta», algo «jurídicamente inadmisible«, ha denunciado. Pero «más jurídicamente inadmisible», según ha defendido, es que haya tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el que haya tenido que decir que eso «estaba mal». «Algo que estaba en la conciencia de todos los aplicadores de las normas», ha sostenido.
A su juicio, «no es exigible» un perdón que implique «una necesidad de arrepentimiento absoluto sobre todo en hechos, situaciones o delitos que son consecuencia de planteamientos ideológicos». Eso sí, defiende la necesidad de reconocer «el daño causado» y el interés de «comunicar esa situación a la persona». «Son situaciones mucho más individualizas», ha subrayado.
De Prada ha señalado que aunque se niegue, existe «un proceso de paz». «Este proceso de paz tiene que ir a un proceso de reconciliación», ha advertido destacando que es «muy importante» hacer hincapié «en el perdón y la justicia restaurativa» porque «no solo afecta a víctimas sino que interesa a toda la sociedad en su conjunto».
Así, aconseja «poner en valor la experiencia colectiva surgida» y advierte que obtener resultados «positivos y útiles» dependerá de «cómo se trate, interactúe y se les reintegre en la sociedad» a los penados terroristas.
Eso sí, ha aclarado que «no se trata de renunciar a la Justicia, ni a la verdad, ni al derecho a la reparación ni por parte de las víctimas ni de la sociedad en general sino de actuar con el derecho de deber gestionar los traumas causados por la violencia política terrorista en un sentido positivo».
«Para ello, todos, las víctimas, la sociedad, los causantes de la violencia, las propias instituciones y poderes del Estado jugamos un papel determinante», ha explicado