La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto fianzas de responsabilidad civil que suman 367.142 euros a seis imputados, entre ellos Luis Javier García de los Reyes, exdirigente del sindicato UGT en Jaén.
En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya impone la fianza civil más elevada a Alfredo Pérez, vecino de Baeza (Jaén) que, a través de las relaciones que mantenía con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, sería incluido en la póliza relacionada con el expediente de Primayor «a pesar de que no había trabajado» en dicha empresa.
Para fijar esta fianza civil, la juez instructora tiene en cuenta la resolución de la Consejería de Empleo de 20 de marzo de 2012 en la que se especifica que las cantidades «efectivamente» percibidas por el imputado ascendieron a 107.221,9 euros, cantidad a la que suma el tercio legal previsto.
La segunda fianza civil por cuantía corresponde a José Ángel Martín Moreno, administrador único de Gestifesa, empresa que según Alaya «recibiría, procedentes de los fondos públicos andaluces y por influencia» del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, «cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de viabilidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil e Hitemasa».
Este imputado, «en lugar de reclamar el abono de sus honorarios a las empresas receptoras de los estudios realizados por su empresa, en connivencia» con Guerrero «y a través del mismo» reclamaría dichos honorarios «directamente de la administración, pues no había suscrito el oportuno contrato administrativo», todo ello «a pesar de que conocía por razón del objeto social de su empresa cual era el trámite legal a seguir».
«Torticera intención»
No obstante, y «a sabiendas de su injusticia, cuidaría de que el importe de las facturas por él emitidas en ningún caso superase los 30.050,61 euros, y ello con la torticera intención de que se considerase un contrato negociado y sin publicidad, consiguiendo de esta forma» que por parte de Guerrero, «con total ausencia de procedimiento y de forma arbitraria, se abonaran al imputado 103.878,95 euros con cargo a los fondos públicos andaluces».
Es decir, concluye la juez, «hubo concierto» entre ambos «para defraudar a la administración a través de una resolución impropia y arbitraria de Guerrero, con total ausencia del procedimiento legalmente establecido –expediente de contratación– y con el fin último de apropiarse de patrimonio público». Además, la magistrada declara responsable civil subsidiaria a Gestifesa.
Asimismo, la juez ha impuesto una fianza civil de 49.265 euros a Agustín Guzmán, vecino de Camas (Sevilla) que percibió 36.948 euros en rentas vinculadas a Invirsal «sin que mediara solicitud alguna de ayuda y cuando solo le faltaba un año para jubilarse», añadiendo que «la prima de esta póliza se cargaría también a las sobrecomisiones que Vitalia recibía de la Junta por sus operaciones de mediación, cabe deducir que podría ser atendiendo a requerimientos de Guerrero o Rivas».
Fianza civil de 30.000 euros para un exdirigente sindical
En el auto, Alaya fija una fianza civil de 30.000 euros para Luis Javier García de los Reyes, exdirigente del sindicato UGT en Jaén, quien formaba parte inicialmente de la Asociación para la Promoción de Trabajadores de Hijos de Andrés Molina y que, «a través de Juan Lanzas y las relaciones que mantenía éste con los responsables de la Consejería de Empleo», consiguió que su esposa e inculpada, Josefa Martínez, fuera incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa pese a «no haber trabajado nunca» para esta empresa, percibiendo 96.029 euros.
Por último, la juez impone una fianza civil de 6.410 euros a Ramón Moreno, quien, como presidente del consejo de administración de Industrias del Guadalquivir (Invirsal), habría participado en la trama a cambio de que a su hermana, María Dolores Moreno, se le hiciera beneficiaria de una póliza de rentas.
Alaya ha librado además oficio al Consorcio de Compensación de Seguros a fin de que aporte certificación relativa a las cantidades efectivamente abonadas por su inclusión en el ERE de Gres de Vilches al exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, y a Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén).