La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, coordinados por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, han detenido este martes a 26 personas en Madrid que habrían actuado como nexo con las organizaciones criminales en Italia y crearon un entramado societario en España para introducir en el cauce financiero español las ganancias obtenidas de las actividades delictivas.
En la operación, en la que han participado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (UCO) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, se han practicado doce registros con la intervención de dinero en efectivo, útiles para la droga y armas de fuego, así como de diferente documentación. La operación sigue abierta.
Según ha informado la Fiscalía, los arrestados serán puestos a disposición judicial ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, que ha acordado la práctica de varias diligencias complementarias como entradas y registros, así como el embargo de productos bancarios de los que sean titulares o beneficiarios los imputados.
Las Fuerzas de Seguridad pondrán a disposición judicial a los 26 detenidos; otras personas serán puestas en libertad y citadas para comparecer ante la Audiencia Nacional en tanto su detención ha sido acordada en calidad de imputados para «facilitar la ejecución de las diligencias de entrada y registro» y su permanencia en dependencias policiales resultaría «desproporcionada».
Los delitos que inicialmente se les imputan son pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación documental, contra la Hacienda Pública y tráfico ilegal de drogas.
Economía y sociedad española
La investigación ha tenido como objetivo lograr que los miembros de la Camorra que desde hace tiempo estaban asentados en nuestro territorio no consigueran una mayor penetración en la economía y sociedad españolas.
Esta operación cierra una fase en la investigación en la que las fuerzas policiales y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra el crimen organizado conformado fundamentalmente por ciudadanos italianos. La colaboración con la Policía di Stato y Guardia de Finanzas «ha permitido recabar abundante información sobre esas organizaciones criminales de España e Italia que, en realidad, forman unidad».
Tanto el Juzgado Central de Instrucción número 4 como la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han contado con la colaboración permanente de la Fiscalía de Nápoles, de la Dirección Antimafia de Nápoles.