domingo, noviembre 24, 2024
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El Congreso aprueba la Ley de Navegación Marítima

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El Pleno del Congreso ha aprobado este martes de forma definitiva el proyecto de ley de Navegación Marítima tras debatir y votar las enmiendas introducidas a la norma durante su trámite en el Senado, que han provocado que el rechazo inicial de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) al texto se extienda a otros grupos de la oposición como el PSOE o los nacionalistas vascos y catalanes.

El portavoz 'popular' de Fomento, Andrés Ayala, ha expresado su «satisfacción» por que este proyecto de ley se apruebe «tras catorce años de estudios, tres proyectos de ley y tres legislaturas«, lo que permitirá a España contar con una normativa moderna en sustitución un Código de Comercio del siglo XIX.

«No hay ninguna invasión de competencias, sí ha habido voluntad de consenso, como muestra que casi 250 artículos de la ley provienen del proyecto del Gobierno anterior y se incorporan los convenios internacionales. Y hoy estamos satisfechos y tranquilos porque sancionamos una ley jurídicamente intachable que mejorará la regulación de una materia tan trascendente para España como la navegación», ha añadido, insinuando que el rechazo de la oposición se debe únicamente a su «manía de no querer votar con el PP».

Responsabilidad de salvar vidas 

El socialista José Segura ha expresado su «indignación indescriptible» ante la decisión del Senado de suprimir una enmienda transaccional planteada a una propuesta del PSOE y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, para garantizar que los buques de la Guardia Civil sean embarcaciones de Estado, lo que les da la posibilidad de realizar algunas de sus funciones fuera de las aguas territoriales.

Una condición que ha permitido a la Benemérita «salvar decenas de miles de vidas» de inmigrantes que viajaban en cayuco desde África, algo que ahora tendrán más dificultades para hacer. «Nos sentimos frustrados y engañados en la tramitación», ha insistido el diputado, que además ha lamentado que el proyecto original se haya visto «estrechado y encorsetado» durante su tramitación.

«Estamos obligados a cumplir la ley, y la ley orgánica de Defensa Nacional, de 2005, dice que la Guardia Civil tiene las funciones que le otorga la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que las circunscribe al mar territorial. Difícilmente sin modificar las leyes orgánicas podíamos mantener esta enmienda, y por razones jurídicas exclusivamente se debe suprimir», le ha replicado Ayala.

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, ha mantenido su rechazo a la norma por la «falta de talante democrático» del Gobierno en la negociación y porque no incorpora la normativa internacional ni homogeneiza la nacional.

Y, lo que es más grave, ha «no sólo no se avanza sino que se retrocede» en temas como la desregulación económica o laboral, las políticas de privatización o el control de la accidentalidad o la contaminación marítima.

«Es una ocasión perdida», ha lamentado el diputado, que cree que el PP «lo tiene que haber hecho muy mal» para pasar del rechazo de un único grupo a «tener sólo el apoyo del PP», pese a tratarse de un texto «muy esperado».

Ocasión perdida 

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha expresado la «opinión negativa de conjunto» hacia los cambios «legislativos sustanciales» que se han introducido en el Senado, y ha criticado el trámite de «segundo lectura», que «cambia aspectos de las normas sin poder participar del debate».

También para Jordi Janè, de CiU, ésta es «lamentablemente una ocasión perdida» para que una normativa «muy esperada» saliera adelante con «un importante grado de consenso», y ha achacado esta situación a la falta de aceptación de enmiendas de la oposición.

Por el PNV, Emilio Olabarria ha lamentado la «desconsideración» de este proyecto «recentralizadora y uniformizadora» hacia los títulos competenciales en diferentes materias y también ha criticado la falta de generosidad del PP y del Gobierno a la hora de aceptar enmiendas de la oposición, tanto en el Congreso como en el Senado, donde el texto incluso ha «empeorado».

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