El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha recomendado este lunes que la Generalitat pacte con el Gobierno central un «protocolo de actuaciones» que defina los pasos a seguir hasta la proclamación de la eventual independencia de Cataluña. Así se establece en el informe sobre cómo debería ser el proceso constituyente que el órgano asesor ha entregado este lunes al Govern, y que contempla que Generalitat y Gobierno central pacten los pasos a seguir hasta la independencia tras una consulta o elecciones plebiscitarias en las que se imponga el sí a la secesión.
En rueda de prensa junto al conseller de la Presidencia, Francesc Homs, el presidente del CATN, Carles Viver Pi-Sunyer, ha reconocido que ese sería el escenario deseable porque, con una «oposición beligerante» de España, el proceso constituyente sería mucho más difícil y requeriría una declaración unilateral de independencia. Este protocolo de actuación pasaría por que, tras una consulta o unas elecciones plebiscitarias en las que se impusiera el sí a la independencia, Gobierno central y Generalitat acordasen un protocolo para que Cataluña pudiera desarrollar «con la máxima seguridad jurídica y el mínimo de incertidumbres» las estructuras de Estado necesarias.
Pi-Sunyer ha explicado que este protocolo podría pasar por que el Estado ofreciese una mayor flexibilidad competencial para que Cataluña pudiera ir desarrollando su propio marco legislativo -incluso una constitución provisional- mientras conviviesen las dos legalidades -la española y la catalana- y hasta que Cataluña se «desconectase» del marco jurídico español con la proclamación de la independencia. En esta primera fase -desde el resultado de la consulta a la proclamación de independencia-, el CATN prevé dos escenarios posibles: uno con colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat y otro en el que España se oponga con mayor o menor beligerancia a la independencia, un extremo que el presidente del órgano ha reconocido dificultaría las cosas.
Si el Gobierno central se negase a negociar tras una victoria del 'sí' a la secesión, Pi-Sunyer ha planteado que la entente debería llegar a través de «posibles mediaciones internacionales» y la presión que pueda ejercer la movilización de la sociedad civil, y ha sostenido que en lugar de una proclamación pactada de independencia el escenario pasaría a ser el de una declaración unilateral de independencia. Aun así, el presidente del CATN ha remarcado que la declaración unilateral debería firmarse cuando hubiera garantías de que el nuevo Estado puede funcionar, y ha esgrimido que debe mantenerse la voluntad de negociación con el Gobierno central incluso en esa situación: «Esa puerta no debería cerrarse nunca».
La segunda fase que analiza el informe pasa por que el Parlament aprobase una «constitución provisional» que regulase el proceso desde la proclamación de la independencia a la aprobación de una constitución catalana. Esta constitución debería regular entre otros aspectos la nacionalidad, y el informe del CATN prevé que además de los españoles residentes en Cataluña puedan asumirla aquellos que vivan en el resto de España pero tengan una «vinculación real con Cataluña», y abre la puerta a la doble nacionalidad apostando por que la adopción de la nacionalidad catalana no implique la renuncia a ninguna otra.
«Palos en las ruedas»
Preguntado sobre si contempla un escenario en el que el Estado se avenga a negociar, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha confiado en que «el Gobierno sea sensible a aquello que democráticamente se ha expresado y no ponga más trabas de las que ya ha puesto», y ha insistido en que la consulta representa el espíritu y la guía del gabinete de Artur Mas.
Tras asegurar que no hay novedades de la reunión a la que se han emplazado el presidente catalán, Artur Mas, y el del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha reiterado que la consulta es un tema ineludible para el Ejecutivo catalán, ya que fue avalada por los catalanes en las urnas en las últimas elecciones autonómicas y tiene «el consenso de dos terceras partes» del Parlament.
Homs ha sostenido que los gobiernos deben «colaborar, dialogar y someterse a la disciplina de la democracia», y en el caso del catalán esta disciplina pasa por respetar que la consulta es una demanda ampliamente avalada por la sociedad catalana.
¿Quién debe de asumir la deuda de España?
El Consell Assessor per la Transició Nacional (CATN) sostiene que una hipotética Cataluña independiente solo debería asumir parte de la deuda de España si el Gobierno central le compensa con una transferencia «proporcional» de bienes y derechos. «Se considera que debe asumir la parte de esta deuda siempre y cuando se le compense con la transferencia de bienes en relación proporcional», ha explicado en rueda de prensa el presidente del CATN, Carles Viver Pi-Sunyer, tras entregar al Govern una nueva batería de informes.
Sin embargo, los asesores han descartado cuantificar en su informe qué parte de la deuda estatal debería asumir Cataluña ni con qué activos debería ser compensada, ya que, esgrimen, eso dependerá de cómo vayan las negociaciones entre gobiernos. Tras reconocer que este tipo de distribución de activos y pasivos entre un nuevo Estado y su país de origen está «muy poco regulada en el derecho internacional», Pi-Sunyer ha señalado que en este tipo de negociaciones predomina por encima de todo la voluntad de los Estados implicados.
A la hora de hacer este reparto -que debería contar con la supervisión de organismos internacionales- el CATN apuesta por que se tengan en cuenta aspectos como el porcentaje de población que supone Cataluña dentro de España, así como su peso económico en el PIB. Además, Pi-Sunyer ha apuntado que a la hora de hacer el cálculo se podrían considerar otros factores como «el déficit fiscal» y los incumplimientos por parte del Gobierno central -como por ejemplo el Fondo de Competitividad-.
El informe argumenta que una Cataluña independiente debería asumir la deuda propia de la Generalitat, diputaciones, consejos comarcales, entidades metropolitanas y ayuntamientos catalanes, además de una parte de la deuda del Estado no territorializable -por ejemplo, la deuda de los Ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Justicia-. En el caso de los bienes y activos de España a los que tendría derecho un nuevo Estado, se repartirían de forma proporcional y siguiendo el mismo modelo: todos los situados en Cataluña pasarían a ser suyos y los no territorializables -por ejemplo, reservas del Banco de España y los satélites- en una cifra proporcional a la deuda no territorializable asumida.
Esta distribución de bienes también debe repercutir sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural, incluyendo la transferencia a Cataluña de todos aquellos archivos que hagan referencia a su territorio, que hayan sido elaborados por un catalán y los que sean necesarios para un buen funcionamiento de las instituciones y servicios públicos. Este apartado incluiría todo tipo de bases de datos como, entre otros, las de hacienda, los censos electorales, el registro civil, los archivos de la Seguridad Social y los de la policía.