La nueva ley de Tasas Judiciales no sólo ha reportado al ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, problemas con el sector judicial y los ciudadanos, sino también con las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid, presidida por el 'popular', Ignacio González reclama 25 millones al Ministro de Justicia por lo recaudado con las tasas judiciales. El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, aseguró que esta petición responde al cumplimiento efectivo de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, que regula la aplicación de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, y cuyo dinero se debe destinar a mantener la justicia gratuita.
Según el 'número dos' de González, la Comunidad de Madrid pasó de ingresar 63 millones de euros en 2012 a 88 millones en 2013, un incremento de 25 millones que ha ido a parar a las arcas estatales y que debería ir destinado a financiar la Justicia gratuita de la región.
El consejero portavoz madrileño ha insistido en que en la actualidad el Ejecutivo madrileño financia con más de 40 millones de euros la justicia gratuita (lo que se paga a los procuradores y abogados de oficio) y cree que ahora es necesario aplicar lo que se paga en los procedimientos en la Comunidad de Madrid a garantizar la tutela judicial efectiva a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para pagarse un abogado.
Tal y como detalla el gobierno regional en una nota de prensa, la Comunidad de Madrid resolvió 129.969 expedientes de asistencia jurídica gratuita, lo que supone un incremento del 48,79% respecto al ejercicio anterior, cuando se resolvieron 84.041 expedientes. El coste de la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid asciende a 378 millones de euros en los últimos 8 años, lo que se traduce en una media anual de 47 millones de euros, muy lejos de los 9 millones que el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid fijaron cuando se aprobó el traspaso de las competencias en esta materia.
Según Victoria, el Gobierno regional mantiene el compromiso de ofrecer unos servicios públicos de calidad y seguirá trabajando para que la financiación de las competencias de la Administración de Justicia, y muy especialmente del Servicio de Justicia Gratuita, se realice de una forma eficaz y eficiente, de forma que garantice el derecho de acceso del ciudadano a la justicia.