El inspector jefe, José María Ballesteros, ha solicitado a la Audiencia Nacional que suspenda la ejecución de la condena por el 'caso Faisán' hasta que el Gobierno resuelva su petición de indulto y ha pedido no ser expulsado de la Policía Nacional, una profesión a la que ha dedicado toda su vida, por «un delito que no ha cometido» y que supondría «hundirle en la más absoluta de las miserias morales tanto a él mismo como a toda su familia».
Ballesteros ha reclamado a la Audiencia Nacional la suspensión de la ejecución de la pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación a la que fue condenado por un delito de revelación de secretos por el chivatazo a la red de extorsión de la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se pone a disposición de la Audiencia Nacional para comparecer «tantas veces sea citado» y demanda que comunique la suspensión a la Dirección General de la Policía, que es la encargada de promover la expulsión del Cuerpo de los agentes condenados por sentencia firme.
En la petición de indulto remitida al Ministerio de Justicia, el inspector jefe se ciñe a los hechos probados por la sentencia de la Audiencia Nacional y aporta el voto particular del magistrado, Andrés Martínez Arrieta, quien se apartó de la resolución confirmatoria del Supremo para pedir su absolución porque no se había probado que supiera que estaba cometiendo un delito al entregar el teléfono móvil desde el que se dio el soplo al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua.
Se ciñe a los hechos probados por la Audiencia Nacional
Recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional declaraba probado que se limitó a cumplir un cometido policial, la orden del jefe superior de Policía del País Vasco, «sin conocimiento alguno del cometido». «Lo peor es que lo sabe todo el mundo, que cualquier policía hubiera obrado exactamente igual que yo», expone.
«Lo más gravoso del asunto, es que no se puede apartar a una persona de una profesión a la que ha dedicado su vida, por un delito que no ha cometido, hundiendo en la más absoluta de las miserias morales tanto a mí mismo como a toda mi familia, no merecedora de esto», expresa el agente ajustándose a los hechos probados por la sentencia.
Ballesteros cree que concurren los requisitos de justicia, equidad y utilidad pública para concederle la medida de gracia y recuerda al Gobierno que ha dedicado su vida al «desempeño fiel» de su profesión, «sacrificando» su vida familiar y personal por el «bien común» y habiendo desarrollado buena parte de su carrera como jefe de grupo de Terrorismo Islámico. Ha participado en operaciones contra un sinfín de células islamistas o contra organizaciones del entorno de ETA como Askatasuna o Segi.
De hecho, ha tenido conocimiento de que uno de los terroristas más buscados, Oier Ibarguren Sarasola guardaba fotografías suyas entre la documentación que le fue intervenida cuando fue detenido en Francia por su presunta integración en Segi, la cantera de la banda terrorista.
Ballesteros añade que ha recibido 57 felicitaciones y recompensas a lo largo de su trayectoria profesional. «Entiendo que queda demostrada mi dedicación a la comunidad y la consagración de mi vida a la pacificación, a los grupos de investigación todo ello con preservar la seguridad ciudadana en perjuicio de mi vida personal».