La mayoría de jueces de la Audiencia Nacional defienden la legalidad de las excarcelaciones de narcotraficantes que ha tumbado este miércoles el Supremo y han mostrado su «sorpresa» por el hecho de que el alto tribunal considere que «jueces expertos en la materia y en tratados internacionales se han equivocado de manera radical».
Los magistrados consultados por Europa Press han mostrado su «respeto» por la resolución judicial del Supremo aunque han puesto de manifiesto que el planteamiento de la Audiencia responde a «una posición jurídica debatida y fundamentada que comparten de forma unánime los seis jueces centrales de Instrucción y al menos 13 magistrados de la Sala de lo Penal». «Con la ley en la mano no teníamos otra opción, era lo correcto», ha señalado uno de los jueces preguntados.
Otro magistrado del tribunal ha destacado que, aunque se trata de «un debate jurídico y no político» que afecta por igual a todos los encausados, los 53 presuntos narcotraficantes que han sido puestos en libertad desde que la reforma de la justicia universal entró en vigor en marzo pasado «no son los auténticos capos de la droga sino el último eslabón de la cadena».
«Son marineros que ganan entre mil y dos mil euros, lo que nos genera frustración es no poder llegar a los auténticos cerebros de estas operaciones», han indicado estas fuentes antes de recordar que, en todo caso, toda la droga que fue incautada fue «retirada del mercado y destruida».
La decisión del Tribunal Supremo de considerar competentes a los tribunales españoles para perseguir a los tripulantes de barcos que transporten droga a pesar de la reforma de la justicia universal obligará a la Audiencia Nacional a dictar órdenes de detención internacional para 49 de los 53 presuntos narcotraficantes que han sido excarcelados por este tribunal y un juzgado de Las Palmas desde marzo pasado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La tesis de la minoría
La posición de la mayoría de jueces de la Audiencia Nacional, sin embargo, no fue unánime, ya que el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados Concepción Espejel y Ángel Hurtado defendieron, de acuerdo con el criterio del Supremo, que la justicia española es competente para perseguir estos delitos en función del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), incorporado en la nueva reforma.
Este precepto establece que los tribunales españoles podrán perseguir los «delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte».
El Supremo ha entendido que la jurisdicción de los tribunales españoles viene otorgada por la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 y por los acuerdos del mar de Montego Bay de 1982. Acogen así el recurso de la Fiscalía Antidroga, que apuntaba a que el derecho internacional obliga a que los Estados cooperen para eliminar el tráfico ilícito en el mar, lo que comprometería a España.
Excarcelaciones acordadas
Desde la entrada en vigor de la norma cuatro jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional y el Pleno de la Sala de lo Penal han acordado la excarcelación de 47 tripulantes de embarcaciones que fueron detenidos cuando transportaban droga –40 de ellas avaladas por el propio Pleno-, mientras que un juzgado de Las Palmas dictó la salida de prisión de otros seis marineros.
Sin embargo, cuatro de estos seis detenidos se pusieron a disposición judicial a comienzos de julio después de que el magistrado Eloy Velasco ordenara el día 2 su detención al comprobar que, según el Servicio de Vigilancia Aduanera, pretendían desembarcar la droga que transportaban en Canarias, lo que le hacía competente para recuperar la investigación.