La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que el imputado se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado un delito de malversación de caudales públicos, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de 296.000 euros para Fernández Sevilla.
Una vez concluida la comparecencia, el propio imputado ha atendido a los periodistas para manifestar que «le he dicho a su señoría que me atengo a mi derecho a declarar y aclarar todo lo que crea conveniente», pero no puede declarar en este momento porque no se le garantizan sus derechos, no se le han clarificado los hechos que se le imputan y no se ha aportado a la causa toda la documentación.
Ha añadido que «estamos ante uno de los tres poderes del Estado, el Ministerio de Justicia», ante el que «los imputados tenemos una serie de derechos, como es que se garanticen nuestros derechos».
«Cuando se garanticen mis derechos, lógicamente declaro», ha aseverado el imputado, que, por ello, ha solicitado a la instructora que «se me clarifiquen los hechos» y que «se aporte toda la documental que hay en el procedimiento», tras lo que estudiará la documentación con su letrado «para poder hacer la declaración correspondiente».
Sólo firmó «un acuerdo de bases»
Al hilo de ello, Fernández Sevilla ha asegurado que «no tiene nada que ocultar», pues su intervención se limitó a firmar «un acuerdo de bases que ustedes conocen y pueden valorar» en relación a la multinacional del tabaco.
De otro lado, el exsecretario general de UGT-A ha eludido pronunciarse a preguntas de los periodistas sobre el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A que instruye el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez.
La juez también ha citado este miércoles al sindicalista de CCOO Antonio Perianes, quien, al igual que el exsecretario general de UGT-A, fue firmante en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis; a Cristina Ruiz Castillo, que fuera gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil.
Altadis
En el auto de imputación de Fernández Sevilla, la juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que «de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción», entre ellos el de Altadis, «una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas».
La juez relata que «los resultados obtenidos no fueron suficientes» para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial «que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla» que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo «por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa».
«Consecuencia» de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo «por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno».
«Cheque en blanco contra los fondos anuales»
Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 «por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas» del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.
Este convenio de colaboración «no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta», de manera que «del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones».