La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8.783.898,15 euros a los seis hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos imputados en la causa, que deberán hacer frente a dicha cantidad con carácter solidario.
En un auto notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone dicha fianza civil a Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero y declara la responsabilidad civil subsidiaria de Zoilo Ruiz Mateos S.L., Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes.
Paso previo a inhibirse en el caso
Por otro lado, la juez Alaya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre qué tribunal es competente para instruir la causa respecto a los aforados que han sido 'preimputados', dado que figuran en ella parlamentarios autonómicos y nacionales.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada ha dictado una providencia, con fecha de este mismo viernes, en la que pone de manifiesto que ya se han practicado las diligencias necesarias relacionadas con los aforados señalados y 'preimputados' y por ello da traslado al fiscal para que, en el plazo de un solo día, se pronuncie sobre a qué tribunal corresponde la «competencia» de esta investigación.
En la providencia, y según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla hace referencia al artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo que recoge las reglas que regulan las cuestiones de competencia que se promuevan «entre juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria».
Entre los aforados que han sido 'preimputados' en la causa figuran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves –ahora diputado en el Congreso– y José Antonio Griñán –actual senador–, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila –ahora parlamentarios autonómicos– y el también exconsejero José Antonio Viera –actual diputado en el Congreso–.
Los diputados o senadores mencionados están aforados ante el Tribunal Supremo y los parlamentarios andaluces lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ello la petición realizada por la juez para que el fiscal se pronuncie sobre el tribunal que debe seguir investigando a los aforados.