domingo, noviembre 24, 2024
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El Gobierno defiende la presencia de símbolos franquistas

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El Gobierno justifica que 126 escudos, banderas o estandartes del Ejército conserven menciones o medallas conseguidas durante la Guerra Civil o la dictadura franquista, niega que atenten contra la Ley de Memoria Histórica o ensalcen la sublevación militar y defiende que «facilitan el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos» durante la contienda.

Esta es la respuesta que ha enviado el Gobierno al portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, quien le preguntó en cuántos elementos militares seguía habiendo este tipo de símbolos.

El diputado ponía como ejemplo el escudo que utiliza el Regimiento de Cazadores de Montaña 'América 66', en el que aparecen «de manera destacada hasta diez menciones franquistas». Este grupo fue galardonado con dos Cruces Laureadas de San Fernando colectivas y ocho Medallas Militares colectivas.

Premian el valor

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, además de ofrecer el dato de que estos símbolos siguen visibles en 126 elementos militares, el Ejecutivo explica que «las recompensas militares» tienen por objeto «premiar o distinguir, individual o colectivamente, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil por la realización de acciones, hechos o servicios que implican reconocido valor o mérito en sus diversas graduaciones».

«De este modo –continúa– las cartelas y recompensas están referidas exclusivamente a la participación de dichas unidades en diferentes hechos de armas y no constituyen, en ningún caso, muestra de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación, de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura».

Es más, apunta que estos elementos «señalan y facilitan el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos» durante la Guerra Civil. En este punto, el Gobierno alude al artículo 1.2 de la Ley de Memoria Histórica, aunque no lo reproduce en su respuesta.

Este precepto dice textualmente que mediante la citada norma: «como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos».

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