El Rey Felipe VI ha decidido que los miembros de la Familia Real solo podrán desarrollar, con carácter exclusivo, actividades de naturaleza institucional, ha anunciado el Palacio de Zarzuela. La Casa del Rey ha citado este lunes a los medios de comunicación que cubren habitualmente las actividades de la Casa Real para informarles de una serie de criterios de actuación decididos por Felipe VI y que afectarán a su familia y al personal de la Casa de Su Majestad, el órgano que le sirve de apoyo en el desarrollo de sus funciones constitucionales.
Desde la proclamación de Felipe VI la Familia Real ha quedado limitada a Don Felipe, Doña Letizia, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Las hermanas de Felipe VI, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, ya no son miembros de la Familia Real, sino familia del Rey. En relación con ellas, Felipe VI ha decidido que, con carácter general, «no desarrollarán actividades de carácter institucional».
«El desarrollo ocasional y puntual de alguna actividad institucional por parte de miembros de la Familia de Su Majestad que no sean miembros de la Familia Real solo tendrá lugar cuando exista un encargo concreto del Rey, dentro del ámbito de sus atribuciones o cuando por la naturaleza o el lugar de la actividad y tras igual encargo, se requiera la correspondiente decisión aprobada por el Gobierno», ha informado Zarzuela. En esos casos puntuales -que hoy por hoy, y con la Infanta Cristina imputada, solo podrían afectar a la Infanta Elena- no cobrarán por participar en actividades institucionales.
Un portavoz de Zarzuela ha asegurado que el caso Nóos -que investiga los negocios presuntamente irregulares que emprendió Iñaki Urdangarin y en el que están imputado junto a su mujer- «no ha influido» en esta decisión.
Lo cierto es que la Casa del Rey llevaba años intentando diferenciar entre el núcleo de la Familia Real que vivía en exclusiva de los presupuestos del Estado (los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía y los Príncipes de Asturias, antes de la abdicación), y las Infantas Doña Elena y Doña Cristina, que compatibilizaban sus funciones institucionales con actividades en empresas privadas, debido a que la dotación que recibían de los presupuestos de la Casa no equivalía a un sueldo.
Este modelo de doble dependencia en el caso de las Infantas se vio inadecuado con el paso del tiempo, pero sobre todo quedó en evidencia con el estallido del caso Nóos. Con la decisión de Felipe VI, su hija menor, la Infanta Doña Sofía, no podrá trabajar en un futuro para ninguna empresa privada, como sus tías, y se dedicará en exclusiva a representar a la institución.
El actual monarca ha adoptado otra serie de decisiones para poner en práctica el compromiso que adoptó en su discurso de proclamación, cuando trasladó su deseo de ser un referente de la «ejemplaridad» que «con toda razón» demandan los ciudadanos. Para ello, se comprometió a velar por «preservar el prestigio de la institución», con una «conducta íntegra, honesta y transparente».
Antes del 31 de diciembre de este año, Felipe VI se ha propuesto aprobar un régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real y un Código de Conducta para el personal de la Casa. Este código -que la institución hará público- incorporará una serie de principios éticos que deberá seguir el personal de la Casa, al que se le aplica ya el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
A modo de ejemplo, fuentes de Zarzuela han explicado que, entre otras cosas, el Código de Conducta podría prohibir aceptar regalos que no entren dentro de lo que se considera un obsequio de cortesía.
Sólo el Estado asesorará jurídicamente
Felipe VI quiere regular también el asesoramiento jurídico que pueda precisar la Casa del Rey para que esta labor la desarrolle siempre el servicio jurídico del Estado. Con este fin, antes de finales de año, Zarzuela firmará un convenio de colaboración con la Abogacía General del Estado.
La Casa del Rey ha precisado que este asesoramiento se refiere a dudas que surjan de la institución, y no afectará a los miembros de la Familia Real a título individual. Al igual que Felipe VI ha nombrado a un consejero diplomático entre los miembros de su equipo, el monarca actual desea tener un interlocutor único en uno de los ámbitos de actuación de la Corona, el apoyo a la promoción de los intereses económicos españoles.
Así, también antes del 31 de diciembre, la Casa del Rey suscribirá otro convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio que regulará el ejercicio de las labores de apoyo y asesoramiento permanente sobre la promoción de los intereses de las empresas españolas.
Auditoría externa de las cuentas
Felipe VI también ha decidido dotar de mayor transparencia a las cuentas de la Casa. Junto a la auditoría interna de las cuentas que se hace desde 2007, se hará a partir del ejercicio de 2015 una auditoría externa que correrá a cargo de técnicos de la Administración General del Estado.
Este informe externo se publicará de forma anual junto a la presentación de las cuentas de la Casa y la Memoria de actividades, han precisado desde la institución.