Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas en varias localidades de Tenerife que habían defraudado casi 17,5 millones de euros a la Seguridad Social a través de entramados empresariales creados para eludir el pago de cuotas de seguros sociales, aunque no se descartan nuevas detenciones ya que la operación sigue abierta.
Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, a los siete arrestados se les imputan 18 delitos contra Seguridad Social y 11 insolvencias punibles con el fin para eludir el pago de las deudas contraídas, y en total se han investigado seis empresas creadas con este ánimo defraudatorio.
La investigación comenzó hace unos meses al ser detectadas por parte de los organismos competentes un gran número de mercantiles en Canarias, principalmente en Tenerife, que llevaban a cabo insolvencias fraudulentas o alzamiento de bienes para estafar a las arcas públicas.
La operación ha sido desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
El modus operandi que seguían para engañar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) era provocar la descapitalización de las empresas deudoras, trasladando los elementos de producción, como trabajadores y maquinaria, a otras sociedades, utilizando testaferros y personas interpuestas.
Además, los responsables de estas empresas habían incrementado los impagos sistemáticos de seguros sociales que, en algunos ejercicios fiscales, sobrepasaron la cuantía de 120.000 euros anuales y, a partir de 2013, más de 50.000 euros para poder imputar a estas personas como autores de un delito contra la Seguridad Social.
Supuestos defrautorios
Los gerentes de las mercantiles utilizaban diferentes supuestos defraudatorios para producir la situación de insolvencia. Unas veces creaban sociedades a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, así como sus elementos patrimoniales.
Otras veces creaban grupos de empresas en la que constituían una empresa principal que ostentaba el patrimonio y otras, descapitalizadas que completaban la actividad de aquella, utilizando fraudulentamente la normativa laboral, bien cediendo irregularmente mano de obra, contratas ficticias o realizando facturaciones entre ellas.
En algunas ocasiones realizaban sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo la localización de los mismos. También ocultaban bienes para eludir una deuda generada y entorpecer la labor recaudatoria de los organismos de la Tesorería.
Toda esta información se completó con un informe detallado sobre las actuaciones administrativas que llevaron a cabo, soportes documentales existentes relativos a las personas físicas y jurídicas investigadas. Los investigadores obtuvieron los datos identificativos de las sociedades, las vidas laborales de las empresas y trabajadores. También se consultaron otros registros públicos para obtener datos patrimoniales sobre las mercantiles.
Finalizados todos los actos de compilación de datos, los agentes pusieron en marcha un dispositivo para proceder a la detención de los involucrados en el fraude a la Seguridad Social en distintas localidades de la isla, aunque la operación sigue abierta.