El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación continuada, en relación a los 104 contratos que firmó para la institución provincial entre los meses de enero y marzo de 2010, sin dar publicidad a las plazas, según la sentencia del juzgado de Ourense
La sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Ourense llega 14 días después del juicio de cinco días en el que fue señalado por secretario y jefe de Personal de la Diputación como único responsable de los ocho decretos de contratación y de la selección nominal de los contratados.
El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, dijo en su primer testimonio que él hacía una primera criba entre currículums y nombres para los puestos de trabajo y achacó a técnicos y jefes de servicios la selección final. Además, en su alegato final de diez minutos, aseguró que es inocente, que tiene la conciencia tranquila y que el secretario, Francisco Cacharro, y el jefe de Personal, José Luis Suárez, le pidieron que asumiese la culpa de no publicar los 104 puestos de trabajo por los que fue juzgado.
Además, José Luis Baltar reiteró en cada ocasión que tuvo ante la jueza y ante los medios de comunicación, que a él «nadie» le advirtió de la obligación de dar publicidad a las 104 plazas que se cubrieron con otros tantos contratos temporales, por procedimiento urgente, y ha incidido que «fue el procedimiento» que le dijo «el jefe de Personal, José Luis Suárez, que había que utilizar», para cubrir los puestos durante los tres primeros meses de 2010, en torno al congreso en el que su hijo fue elegido presidente del PP en la provincia de Ourense.
El letrado que defiende a Baltar ya indicó que recurrirá la sentencia del juzgado de lo penal número 1 ante la Audiencia Provincial.
En el juicio, fiscal y acusaciones populares de PSOE y el sindicato Manos Limpias, mantuvieron sus peticiones de condena a 10 años de inhabilitación para cargo público y electo, y el PSOE concretó su petición de responsabilidad civil en 696.666 euros por ser el coste de los 104 contratos para las arcas públicas, según certificó la interventora de la Diputación.