El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han presentado este jueves en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia al considerar que la decisión del Gobierno de incluir en una única norma una treintena de cambios legislativos que afectan a nueve ministerios supone un «desprecio» al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos a los que representan.
El diputado y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas; el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha; el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella; y el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, han sido los encargados de presentar el recurso contra el 'macrodecreto', al que ya se opusieron durante el debate de convalidación.
En declaraciones a los medios, Pradas ha reprochado a los 'populares' un nuevo «atropello» que llevan a cabo «abusando» de su mayoría absoluta, que les permitiría sacar adelante proyectos de ley ordinarios sin necesidad de recurrir al decreto ley, un instrumento reservado para los casos extraordinarios y de urgente necesidad.
«Son ya 31 los recursos interpuestos ante el TC en lo que va de legislatura, y eso pone de manifiesto cuál es la forma de actuar de la derecha en España. Un partido que tiene una amplia mayoría en el Congreso, que no tendría necesidad de hacer este tipo de imposiciones legislativas y que ha sobrepasado todos los límites a los que nos tiene acostumbrados», ha criticado.
«Marabunta» de reformas
Y es que, ha recordado, el decreto ley en cuestión recoge modificaciones de normativas tan «variopintas» como las que afectan a la carrera militar, a diversos aspectos económicos o a las empresas de trabajo temporal, entre otras.
«Es una marabunta de normativas que es una barbaridad, una auténtica aberración jurídica que pone en evidencia una falta de respeto al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos representados por ellos», ha continuado Pradas, que además acusa al PP de «dejadez y desidia» ya que opta por el decreto para «ahorrarse informes y tramitaciones parlamentarias».
De este modo, ha dicho, los 'populares' evitan «debates públicos sobre determinadas cuestiones muy controvertidas» precisamente cuando «los ciudadanos están exigiendo más participación y transparencia» de la vida política. «Nos parece una tomadura de pelo y denunciaremos siempre este tipo de actuaciones del Gobierno», ha zanjado.
Ningún interés por regenerar la Democracia
Por su parte, Centella ha apelado a la «coherencia» mantenida por su grupo durante la tramitación del decreto, cuya convalidación se negaron incluso a votar. «El PP sigue instalado en un concepto de Democracia de baja intensidad, chapucera y autoritaria que va a confrontar con nuestro grupo. Por eso estamos aquí», ha añadido.
A renglón seguido, ha coincido en que los 'populares' han puesto de relieve con esta «chapuza parlamentaria» su «concepto de Democracia, de respeto al Parlamento y un verdadero desprecio a las normas de funcionamiento» del parlamentarismo.
Y por eso, ha añadido, la Izquierda Plural «no negociará ni dialogará sobre cómo regenerar la vida política mientras el PP siga engañando, abusando de su mayoría absoluta y evidenciando que no tiene ningún interés por mejorar el funcionamiento del Parlamento ni por regenerar la vida democrática».
Por último, ha emplazado a los miembros del TC a que «se la jueguen» y «antepongan el respeto a la convivencia constitucional a otras cosas». «Hoy se debe generar un precedente para que la vida política trascurra en términos de respeto a las mayorías y minorías, y de lo que tiene que ser el normal juego democrático», ha concluido.
«Desprecio continuo» al Parlamento
También para Anchuelo este «auténtico engendro legislativo» refleja el «desprecio continuo del Gobierno al Parlamento», y ha sido la gota que ha colmado el vaso tras haberse aprobado más de medio centenar de decretos ley en esta legislatura, en lo que se ha «convertido en la forma habitual de gobernar».
Una práctica que además evidencia, a su juicio, el «desprecio» que el Gobierno tiene hacia los ciudadanos, que «tienen derecho a que la legislación se elabore con cuidado» para poder conocer qué cambios les afectan. «Estamos llegando a una situación en que una pyme tendrá que tener tres o cuatro empleados sólo para leer el BOE cada día y ver las disposiciones que le afectan», ha ironizado.
«Pero este último decreto es especialmente nocivo», ha alertado el diputado magenta, señalando que con más de una treintena de leyes implicadas se hace imposible que los grupos tengan «tiempo de estudiar en profundidad el decreto en menos de una semana, de debatirlo en diez minutos ni de votarlo, porque hay que votar sí o no en conjunto a medidas muy dispares».
Inconstitucional y nulo
En el recurso, que recoge Europa Press, se pide al TC que declare «inconstitucional y nulo» el decreto ley por cuatro razones: el recurso «abusivo» del Gobierno a este instrumento, la variedad de asuntos incluidos, la falta de «extraordinaria y urgente necesidad» y la afectación a derechos fundamentales.
Así, se citan diversas sentencias del TC para justificar que, aunque el Gobierno está habilitado para aprobar decretos ley, no puede abusar este instrumento como ha sucedido a lo largo de la legislatura con 51 decretos en dos años y medio, el 48% de toda la legislación tramitada sin contar con las normas que, como presupuestos o leyes orgánicas, no pueden acogerse al decreto ley.
Un uso «abusivo» que «desvirtúa los fundamentos de la Democracia parlamentaria y de la división de poderes» y «limita las facultades» legislativas que tienen los diputados, sobre todo «en una situación de mayoría absoluta en las dos cámaras» como la actual. «Como norma con fuerza de ley, su aprobación supone que el Gobierno sustituye a las Cortes», insisten.
Justificaciones «abstractas»
En segundo lugar, PSOE, IU-ICV y UPyD niegan que los asuntos incluidos tengan una «extraordinaria y urgente necesidad» ni en su conjunto ni individualmente en muchos casos. «Algunas de las razones alegadas por el Gobierno son genéricas, abstractas e incluso contradictorias, formuladas en términos tales que serían de aplicación a cualquier tipo de reforma legislativa», apuntan.
Además, aunque el Gobierno tiene cierto «margen de discrecionalidad» para justificar esta urgente y extraordinaria necesidad, los recurrentes creen que esto no le autoriza a «incluir en el decreto cualquier género de disposiciones», como ocurre en este caso, que es ejemplo de un uso «abusivo o arbitrario» del decreto.
Y es que en el mismo texto se introducen modificaciones legales que «no tienen conexión alguna con la regulación inicialmente proyectada» en lo que a su entender supone una «demostración de la peor técnica legislativa» y una vulneración de los principios de «seguridad jurídica».
«La Constitución no habilita al Gobierno a hacer 'decretos ómnibus'», recuerdan las formaciones, señalando que se podían haber presentado varios decretos pero no uno único, porque eso «limita» las facultades de la oposición e «impide que pueda siquiera llevarse a cabo un debate con los ministros responsables sobre el contenido» de la norma, «ni siquiera sobre lo más relevante».
Por último, los recurrentes dicen que el 'macrodecreto' se ha utilizado para incorporar una modificación –la puesta en manos de los registradores mercantiles del servicio de Registro Civil– que afecta al derecho a la intimidad, uno de los derechos fundamentales regulados en el título I de la Constitución, que son materias que no se pueden regular mediante decreto.