El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha imputado al arquitecto valenciano Santiago Calatrava en la investigación abierta por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones que se proyectó en Castellón y por el que recibió 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el arquitecto tendrá que declarar en calidad de imputado el próximo 2 de septiembre.
Así mismo, el juez ha requerido a la mercantil Santiago Calatrava GMBH que aporte los programas de necesidades recibidas en relación al Centro de Convenciones de Castellón -programa inicial, el procedente del Ayuntamiento de Castellón y el remitido por la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana de mayo de 2008-; que informe en base a cuál de los anteriores presentó el masterplan, anteproyecto y proyecto básico; y que indique la localización prevista del Centro de Convenciones dentro del PAI Mestrets.
Igualmente, el juez acuerda requerir a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana para que aporte los estatutos de la sociedad; el acta de reunión por la que el Consejo de Administración de la Sociedad autorizó el aumento del presupuesto inicial al finalmente aceptado en relación al Centro de Convenciones de Castellón; e informe técnico o motivación que acredita la especificidad artística del proyecto y que motivaron la adopción del modo de contratación sin publicidad.
Irregularidades en los contratos
Por otra parte, el juez requiere al Ayuntamiento de Castellón información relativa al PAI Mestrets, la fecha de iniciación, motivo de anulación y fecha de la misma; localización que el Centro de Convenciones debía ocupar, así como título jurídico que le habilitaba para disponer de dicha superficie.
El juzgado abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón e inicialmente citó como imputados a quien fuera el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó Martínez -a quien cesó el Consell unos días después de conocerse su imputación-; al técnico Javier de Diego Calero y a Fernando Benzo por su trabajo en la oficina de Calatrava.
El Centro de Convenciones de Castellón era un proyecto de Santiago Calatrava que estaba incluido en el PAI Mestrets de la capital de la Plana.
No obstante, la Generalitat Valenciana decidió dejar en suspenso su ejecución a causa de la crisis económica, según informó en 2012. El Consell, según se detalló entonces, pagó a Calatrava 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.