La defensa de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha presentado la tarde de este martes en los juzgados andorranos una denuncia por la filtración irregular de sus datos bancarios en Andorra, dirigida contra una persona desconocida, en la que pide a la Justicia que investigue quién ha sido el autor.
Según han informado a Europa Press fuentes de la defensa de la familia Pujol, más adelante puede plantearse, en función de cómo avancen dichas pesquisas, si los bancos en los que la familia ha tenido dinero, Andbank y Banca Privada Andorra (BPA), son responsables civiles subsidiarios.
El escrito denuncia la filtración de datos sobre las cuentas de la familia Pujol que suponen una vulneración del secreto bancario –un derecho que garantiza la ley andorrana–, al haberse publicado informaciones sobre movimientos en sus cuentas por valor de 3,4 millones de euros en un mes.
No obstante, fuentes de la defensa de la familia no han querido entrar en si la filtración de estos datos ha sido una venta o una entrega interesada por parte de un exempleado.
Paralelamente, la defensa de la familia se opondrá a las dos comisiones rogatorias remitidas a la banca andorrana por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –en la investigación de Jordi Pujol Ferrusola– y del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que lleva las diligencias contra el matrimonio Pujol-Ferrusola.
Según las citadas fuentes, se opondrán en base a la ley andorrana, que requiere que para responder a una comisión rogatoria deben cumplirse unos requisitos «que en este caso no se cumplen».
Para oponerse, alegarán que las comisiones se efectúan en base a documentos y datos robados o filtrados irregularmente, que en las peticiones no se explicita cuáles son los delitos que se les atribuyen a los afectados y qué indicios existen contra ellos.
Asimismo, argumentan que hay una «finalidad política» en estas comisiones rogatorias puesto que su objetivo último es ir contra el soberanismo catalán.
Ruz investiga blanqueo de capitales
Ruz cursó a finales de julio una comisión rogatoria a Andorra para pedir información sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, en el mismo auto en el que le citaba a declarar como imputado junto a su exesposa, Mercè Gironès.
El magistrado, que atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, realizó esta citación en el marco de la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Catalunya.
El juez cursó la comisión rogatoria a Andorra para recabar «toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios» los dos imputados y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).
Ruz acordó estas diligencias después de conocer el comunicado del expresidente catalán en el que admitía que su familia posee fondos no declarados en el extranjero desde 1980.