El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha constatado este viernes que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la futura ley de consultas refrendarias ofrece «sólidos argumentos jurídicos» para convocar la consulta el 9 de noviembre, y se ha mostrado convencido que así se hará.
En declaraciones desde el Palau de la Generalitat, ha valorado que hay argumentos sólidos para convocar la consulta, tanto en este dictamen como en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlament del 25 de marzo, «y evidentemente se hará porque hay voluntad política y fundamento jurídico para hacerla».
Por ello, ha pedido al Gobierno central «que no ponga trabas al ejercicio de la democracia» y ha considerado que, pese a que hay cuatro votos particulares de los nueve integrantes del Consell, una mayoría avala de manera clara y nítida que la futura ley es plenamente constitucional y se adecua al Estatut.
«Hay cuatro votos particulares con matices y grados diversos. Pero sería erróneo concluir que hay cinco que piensan una cosa y cuatro otra. Es más complicado», según Homs, que destaca que lo que prevalece es lo que se acuerda por la mayoría de la institución, y que en el Govern siempre lo han acatado, les vaya a favor o en contra.
Se adecua a la Constitución
Ha insistido en que el dictamen certifica la «total y absoluta» adecuación de la ley a la Constitución y al Estatut, y ha indicado que la doctrina jurídica que sienta el dictamen será de gran utilidad para el Govern al ejercer esta competencia reconocida en el Estatut para consultar a la ciudadanía.
En este sentido, ha dicho que tanto el dictamen como el Constitucional «reconocen de manera explícita el principio democrático que fundamenta la posibilidad de consultar para conocer la voluntad de la ciudadanía», por lo que, en base a ello, augura que se podrá proceder a la convocatoria con toda la solidez jurídica.
Según Homs, la sentencia del TC sobre la declaración de soberanía admite que la Constitución hace prevalecer el principio democrático y «tienen cabida las opciones que quieren modificar el fundamento mismo del orden constitucional».
En cuanto a la doble pregunta prevista para el 9 de noviembre, Homs ha declarado: «No hay límite desde el punto de vista de preguntar sobre aspectos de relevancia política, siempre y cuando esté formulado de la manera adecuada».
Al preguntársele si el dictamen avala que la Generalitat tiene la competencia para preguntar sobre la independencia, ha respondido que «la doctrina que establece el dictamen es de una contundencia rotunda a favor de la posibilidad de poder consultar al pueblo de Cataluña».
Confusión
Ha puntualizado que una cosa es poder consultar para saber la opinión del pueblo de Cataluña y otra cosa son los efectos jurídicos de una determinada respuesta, y ha lamentado que algunos traten de sembrar la confusión entre consultar a la ciudadanía y dichas consecuencias jurídicas.
En este sentido, ha subrayado que la Constitución «apuesta claramente por la democracia como un valor que lo fundamenta todo y, por lo tanto, en un contexto democrático, sostener que no se puede votar y conocer la voluntad del pueblo de Cataluña es un argumento que no tiene recorrido».
Respecto a qué postura adoptará el Govern si el Constitucional impugna la convocatoria de consulta, se ha limitado a afirmar: «Valoro hechos conocidos. Las hipótesis las dejamos para otros momentos. Si no, podríamos especular sobre muchísimas cosas».
El también conseller de Presidencia, a preguntas de los periodistas, ha dicho que no le consta ningún avance con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la consulta, tras la reunión de este verano entre el presidente del Gobierno central y el de la Generalitat.