La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado este viernes la voluntad del Ejecutivo de abrir el debate sobre el aforamiento con el fin de llegar a acuerdos sobre esta cuestión, pero también ha advertido de las «dificultades técnicas» que conlleva cambiar el sistema.
La reducción de aforados ya se planteó a principios de julio con motivo de la reforma parcial de la Ley del Poder Judicial llevada a cabo para aforar a Juan Carlos I y Doña Sofía tras la abdicación pero el PP rechazó una enmienda de UPyD en ese sentido alegando que no era el momento.
«El Gobierno es partidario de abrir el debate» con los partidos políticos sobre el número de aforados que debe haber en España y el alcance de esa condición jurídica, «en el marco de las medidas de regeneración democrática», ha declarado este viernes la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sin embargo, ha añadido que, en las conversaciones que se han mantenido con los grupos parlamentarios, se han reconocido las «dificultades técnicas» que presentaría una modificación del sistema actual. Esto se debe a que hay aforados nacionales pero también autonómicos, por lo que, según ha explicado, se requeriría una concurrencia de la voluntad del Estado y la de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, la vicepresidenta ha manifestado el deseo del Gobierno de plantear el debate y de hacerlo con «disposición de entenderse» con otras fuerzas políticas, para después analizar «cómo se podría ejecutar» el acuerdo que se alcanzase.
«El término clave es 'acuerdos'», ha subrayado Sáenz de Santamaría, que considera que todos los grupos coincidirán en que, en el tema del aforamiento, es necesario «limitar, acotar y clarificar» porque a lo largo de los años el número de aforado «ha ido creciendo».
Respecto a la posibilidad de reformar la Constitución para hacer cambios sobre otros asuntos, la vicepresidenta ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «está dispuesto a escuchar cuantas cuestiones se planteen», pero ha subrayado que «sin un acuerdo amplio es imposible» modificarla y que lo que hay que conseguir es «un fortalecimiento de los posicionamientos constitucionales».
«Tenemos que plantearnos con qué apoyos cuentan los planteamientos» que defiende cada partido y, en lo que se refiere a la reforma territorial o del modelo de Estado, se han propuesto «cuestiones claramente divergentes» y, por tanto, «falta una base de acuerdo», ha declarado.