El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado de forma provisional la investigación emprendida por su Juzgado sobre un presunto vuelo secreto de la CIA que hizo escala en Palma de Mallorca en enero de 2004 y en el que se trasladaba a Afganistán al ciudadano alemán de origen sirio Jáled El Masri.
Según explica el juez en un auto hecho público este lunes las investigaciones llevadas a cabo por su Juzgado apuntaban indiciariamente a que el avión en el viajaba El Masri -que declaró haber sufrido torturas- recaló en el aeropuerto español. No obstante, «las diligencias practicadas en el sentido de la identificación de la tripulación del vuelo resultaron infructuosas», indica el magistrado, que decreta el sobreseimiento provisional.
A pesar de ordenar el archivo, Moreno pide que se averigüe el domicilio y paradero que las 12 personas que integraban la tripulación y advierte que, si logra acreditar su verdadera identidad, «procederá penalmente contra ellos».
La causa arrancó a raíz de la presentación de una querella por parte una plataforma de ciudadanos denominada Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que inició el proceso en un juzgado de Palma de Mallorca, y a la que se adhirieron tanto IU como la Asociación Libre de Abogados (ALA) una vez pasó a la Audiencia Nacional.
Además de este vuelo el magistrado investigaba otra decena de traslados por aire que la agencia central de inteligencia norteamericana habría realizado entre 2002 y 2006 utilizando bases aéreas españolas para llevar a cabo el traslado de prisioneros a centros de detención como el de Guantánamo.
Rechazada la imputación de cuatro altos cargos de Aznar
Las acusaciones populares solicitaron al juez la imputación de cuatro altos cargos del Gobierno, del exdirector general de Política Exterior para América del Norte, del Ministerio de Exteriores Miguel Aguirre de Cárcer; el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez-Ugarte; el secretario de Estado de Política Exterior del Ministerio de Exteriores, Miguel Nadal Segalá, ex director del Gabinete de Política exterior de Presidencia del Gobierno, Ramón Gil-Casares Satrústegui.
APDHE, IU y ALA consideraban que estas personas tenían conocimiento de los vuelos secretos. El magistrado exonera a todos ellos y asegura que estas «imputaciones genéricas» no son «fundadas a efectos penales» y no pueden dar lugar por sí mismas a provocar la puesta en marcha del mecanismo judicial.