miércoles, noviembre 27, 2024
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Torres-Dulce pide a los políticos que no «interfieran» en las decisiones judiciales

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El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha rechazado especular sobre una posible suspensión de la autonomía catalana por ser «una decisión estrictamente política» que corresponde al Gobierno, y ha pedido a los políticos que no «interfieran» en las decisiones judiciales ni fiscales. Además, ha asegurado que la Fiscalía actuará «en consecuencia» si se infringe la Ley en Cataluña porque, «sin el armazón de la legalidad, esto sería la jungla».

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao celebrada tras la reunión del Consejo Fiscal, Torres-Dulce se ha referido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que no ha descartado la posibilidad de suspender la autonomía catalana para evitar la celebración de una consulta el próximo 9 de noviembre.

A su juicio, se trata de «una decisión estrictamente política». «No deja de ser una opinión, ni siquiera un estado de decisión por parte del Gobierno y líbreme Dios de intervenir en terrenos que son de pura disposición del Gobierno», ha señalado.

En este contexto, ha señalado que «los políticos que no interfieran, más allá del legítimo derecho de crítica, en las decisiones judiciales y del ministerio fiscal».

Consulta Catalana

Eduardo Torres-Dulce ha afirmado que «hay una decisión soberana del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de legislar en términos de consulta y de dictar decreto de convocatoria».

Tras señalar que son «decisiones absolutamente legítimas que hay que respetar», ha indicado que «el Gobierno de la nación tiene todo el derecho a aceptarlas o a impugnarlas con los medios de la Constitución y las leyes le ofrecen».

El máximo representante del ministerio público ha apuntado que, «en el caso de alguien, ciudadano catalán, vasco, madrileño o gallego, infrinja la Ley», y la Fiscalía tenga que actuar, lo hará «en consecuencia».

«Pero yo espero que no se infrinja la Ley y que no haya motivos para actuar conforme con el Código Penal», ha asegurado, para indicar que «sin el armazón de la legalidad y el Estado de derecho, esto sería la jungla y hay que aceptar las reglas de juego democráticas».

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