En febrero de 2012 Cristina Cifuentes dio un golpe de efecto que le valió unas cuantas portadas: visita sorpresa al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche: “Los internos están bien alimentados y atendidos sanitariamente”, aseguró la delegada del Gobierno en Madrid. Ayer, en una trifulca por Twitter con el presidente de la Comunidad de Madrid tras la difusión de un vídeo con maltrato policial a un interno del CIE, aseguró que no tiene competencias sobre los CIE.
El Gobierno publicó este año un nuevo reglamento sobre el funcionamiento de los CIE, básicamente relacionado con los derechos de los internos y su gestión. Con él se derogaba el de 1999, que hacía directos responsables de estos centros a donde van a parar los extranjeros sin documentación pendientes de expulsión a los delegados y subdelegados del Gobierno en cada provincia. Una verdadera patata caliente, dado el estado de saturación y la complejidad de estos centros. La nueva ley los deja bajo la responsabilidad de la Dirección General de la Policía, pero la situación no deja de ser confusa, ya que el delegado del Gobierno es el jefe directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en cada comunidad autónoma. De hecho, hace dos días el delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, aseguraba que se iba a hacer un informe sobre la fuga de 17 internos de un CIE de su comunidad, y daba explicaciones de ello a la prensa. En agosto, Santiago Pérez, delegado del Gobierno en Andalucía, explicaba que se iba a solucionar el traslado de los extranjeros retenidos en la provincia de Cádiz.
Ayer la Cadena Ser desveló un vídeo que reflejaba presunta violencia policial en el CIE de Aluche. Ignacio González, presidente madrileño aseguró a la prensa que la Delegación que dirige Cifuentes tendría que explicar qué había pasado. Declaración a la que respondió expeditivamente Cifuentes con tres tuits bastante agresivos zanjando la cuestión, que tuvo lugar aparentemente en 2011 –cuando ella no era delegada– y asegurando que no tiene competencias sobre este asunto.
Esta trifulca con sus propios compañeros desvela el nerviosismo en la carrera electoral a la que se ha apuntado Cifuentes, en plena gira mediática mostrando su perfil más humano –el accidente de moto de hace un año–, progresista –aborto y primarias para el PP–, y humilde –siempre a disposición del Comité Electoral Central de su partido. La renuncia a la reelección de Ana Botella ha puesto en alerta a las mujeres que se llevan postulando entre bastidores del PP para encabezar cualquier lista en las municipales y autonómicas del año que viene: Cifuentes y Esperanza Aguirre.
Además de representar al Gobierno en la misma ciudad en la que está todo el Gobierno –lo que no deja de ser paradójico–, las principales funciones que tiene Cristina Cifuentes son las de orden público y mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Madrid. La delegada sin embargo, ha ido declinando todas ellas a medida que surgían las aristas. Aseguró esta primavera que ella no tenía competencias para controlar la acumulación de manifestaciones; tras enfadar a la Policía al anunciar medidas contra el agresor sexual de Ciudad Lineal se ha querido quitar de en medio de los resultados de la investigación; ante el brote de violencia nazi en el barrio de Tetuán, tras permitir que se instalara un centro de ideología xenófoba y fascista en uno de los principales barrios de la inmigración, ha asegurado que el problema era la existencia de otra casa okupa de izquierdas en la zona. Ni siquiera recibió a los vecinos, que están alarmados ante la violencia y amenazas en un barrio multicultural. Además ha asegurado que ella no puede decretar el desalojo de esta casa okupada.
Varias crisis de seguridad en Madrid que ponen la lupa en la gestión de la rutilante delegada en el momento más inoportuno. Esperanza Aguirre tiene más poder mediático que ella y se postula sin disimulo en la carrera por la alcaldía de Madrid. Una carrera en la que hay que correr poniendo cara de que solo se corre por hacer un servicio al partido.
El CIE de Aluche es un verdadero quebradero de cabeza para autoridades, policía, internos y ONG. El estado de saturación la antigüedad de las instalaciones, el dudoso tratamiento jurídico a sus conflictivos ocupantes, han generado innumerables denuncias contra los derechos humanos. El vídeo desvelado en exclusiva por la Cadena Ser muestra cómo un policía del CIE reduce con agresividad a un interno que iba a ser expulsado.
Cifuentes tira por elevación y deja el problema en la mesa de su teórico jefe, el Ministro del Interior.