La respuesta a una posible suspensión a la consulta del 9 de noviembre por parte del Tribunal Constitucional (TC) ha dividido este miércoles a los partidos soberanistas, que han votado separados una propuesta de la CUP que pedía desobedecer al tribunal si la impugna. Así, la única propuesta que ha prosperado es la pactada por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP en la que se reafirmaban en convocarla el 9N «con todas las garantías democráticas y de participación posibles», y que han apoyado también el diputado no adscrito Joan Ignasi Elena y las parlamentarias del PSC Marina Geli y Núria Ventura.
Respecto al primer tema, solo la CUP ha apoyado su propuesta que llamaba a celebrar la consulta el 9N con independencia de lo que diga el tribunal, mientras que ERC e ICV-EUiA se han abstenido y todos los diputados de CiU excepto uno –que ha votado a favor por error– han votado en contra, igual que PSC, PP y C's.
Sin embargo, los cuatro grupos sí han votado unidos contra una propuesta del PP que pedía «acatar, cumplir y dar cumplimiento de manera inmediata a las interlocutorias y otras resoluciones» que dicte el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta del 9N, una propuesta que también ha rechazado el PSC.
No ha prosperado tampoco una propuesta del PSC que instaba al Govern y al Gobierno central a retomar el diálogo para hacer posible la consulta y que defendía la apuesta por una reforma federal de la Constitución que promueven los socialistas.
El Parlament ha rechazado también la iniciativa de C's que remarcaba que la soberanía nacional reside en el pueblo español, rechazaba una declaración unilateral de independencia e instaba al Govern a actuar con lealtad institucional y no convocar una consulta de autodeterminación.
Incertidumbre
La desobediencia o no a la presumible suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC) una vez el Gobierno central la impugne ha centrado también gran parte del Debate de Política General, aunque no se ha despejado la incógnita de cuál será la actitud del Govern.
Durante el debate de este martes, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no respondió a las preguntas de PP y C's sobre si acataría o no las decisiones del TC, y, por ahora, el único acuerdo es que la reacción se consensuará entre los cuatro grupos que pactaron la fecha y la pregunta de la consulta.
Tanto CiU como ICV-EUiA han lamentado que la CUP haya presentado una propuesta sobre la consulta al margen de la que habían pactado los grupos proconsulta, y han justificado no apoyarla para poder preservar la unidad de las fuerzas soberanistas.
Tampoco la han apoyado los diputados de ERC, que se han abstenido como ICV-EUiA a pesar de que este martes su líder, Oriol Junqueras, había advertido a aquellos que tengan la tentación de arrugarse con la consulta ante un eventual veto del TC y había abogado por votar al margen de sus decisiones aunque sin hablar de «desobediencia».
«Sabíais que el Gobierno central no os aplaudiría cuando fuerais a votar. Lo sabíais perfectamente. Sabíais que el TC no os lo regalaría. Si lo sabíais, tenéis que ser consecuentes con aquello que votasteis y firmasteis. Si no lo sabíais, me parece que no os merecéis la confianza de los ciudadanos», sentenció.
El Parlament ha aprobado este miércoles reprobar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol al prosperar una propuesta de resolución ecosocialista, que ha contado con los votos de todas las formaciones salvo los de CiU, e instar al Govern a personarse contra él.
Tras las votaciones de las propuestas de resolución en el tercer y último día del Debate de Política General, se ha aprobado así instar a la Cámara a mostrar su «reprobación y condena respecto a los actos delictivos reconocidos» por el expresidente catalán.
La iniciativa pide también al Govern que se persone «en las causas donde la Generalitat resulte perjudicada» como la de este caso, y emplaza a Pujol a ponerse a disposición de la justicia y de Hacienda, como aseguró que iba a hacer cuando reconoció que tenía fondos sin regularizar en el extranjero.
También se ha aprobado oponerse a que se presione a Andorra o la banca andorrana para que no facilite datos bancarios, en la línea de lo que defiende la UE sobre los paraísos fiscales, y que se constate el deseo de que el Gobierno andorrano colabore con la justicia y con Hacienda «para aclarar los hechos».
La propuesta pide también que la Cámara considere ilegítimo que las partes personadas en el caso –en alusión tanto a la familia del expresidente como a algunas de las acusaciones particulares– «utilicen el proceso soberanista en beneficio propio».
Otra de las propuestas de resolución que han salido adelante, y por unanimidad, es una transaccionada entre C's y la CUP que insta a la Generalitat a personarse como parte «de la forma procesal más adecuada» en los procesos judiciales abiertos por temas de corrupción política que afecten a cualquier trabajador público o cargos electos en los que se hayan malversado fondos públicos, haya habido una disminución de los ingresos, del patrimonio de la Generalitat o se haya aprovechado el cargo para el enriquecimiento ilícito propio o de terceros.
Además, en el documento se insta a la restitución de los fondos públicos que se hayan obtenido de forma fraudulenta.
Rechazadas las del PP
Sin embargo, se ha rechazado una resolución del PP que apostaba por crear en el Parlament una comisión de investigación en relación a la existencia de cuentas corrientes bancarias en paraísos fiscales a nombre de argos y excargos públicos de la Generalitat, sobre su enriquecimiento ilícito y el cobro de comisiones ilegales.
Tampoco ha prosperado otra de los populares que pedía que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, explicara en la Cámara si hay cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública de la Generalitat, y qué papel tenía como conseller de Política Territorial y Obras Públicas, de Economía y Finanzas y como conseller en cap en los gobiernos de Pujol.