La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la instrucción de «una macrocausa» contra la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol en la Audiencia Nacional y ha solicitado al juez Santiago Pedraz que admita a trámite la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona únicamente en relación con las actividades de su hijo Oleguer, informaron fuentes jurídicas.
En un escrito remitido este martes que lleva la firma de la teniente fiscal, Belén Suárez, Anticorrupción argumenta que el resto de hechos referidos en la querella ya están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y por la responsable del Juzgado número 31 de Barcelona, Zita Hernández.
Ruz, en concreto, investiga al hijo mayor del 'expresident', Jordi Pujol Ferrusola, y a su exesposa, Mercè Gironés, por los numerosos pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas recibieron de empresas adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña. Ambos están imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.
Por su parte, el juzgado barcelonés investiga al expresidente de la Generalitat a partir de una querella presentada en julio pasado por el sindicato Manos Limpias después de que éste confesara que había mantenido fondos en el extranjero durante más de treinta años que no había declarado a Hacienda.
Sucursales del Santander
De esta forma, la Fiscalía Anticorrupción solicita a Pedraz que limite su investigación a las actividades que Oleguer Pujol llevó a cabo a finales de 2007 para comprar 1.152 oficianas del Santander por más de 2.000 millones de euros. El departamento que dirige Antonio Salinas abrió diligencias por esta venta y otras cuatro operaciones sospechosas.
Pedraz, que podría decidir mañana, miércoles, si admite o no a trámite la querella, dictó ayer, lunes, una providencia en la que reclamaba a Anticorrupción la devolución de la causa, «visto el tiempo transcurrido» desde que realizó su solicitud a la Fiscalía para que le informara sobre si es competente para instruir la querella y si debe o no admitirla a trámite por la existencia de indicios de delito.
La querella de Podemos y Guanyem Barcelona acusa al expresidente de la Generalitat de no haber declarado a Hacienda los fondos que tuvo en el extranjero durante más de treinta años y haber creado presuntamente un entramado político y empresarial dedicado al cobro de comisiones ilegales.
La querella que ha recibido Pedraz, que cuenta con el apoyo de ICV, EUiA, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales, se remonta a la «falta de funcionamiento efectivo de los controles» que propició el cierre de la instrucción del caso Banca Catalana en 1986, y recoge la confesión por escrito que realizó el expresidente catalán el pasado 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre, Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980.
También considera «indispensable, por razones de justicia, determinar si este patrimonio oculto, aunque inicialmente fuera un legado del padre del expresidente, procede también del portentoso entramado financiero creado por la familia Pujol y de beneficios obtenidos por actividades económicas ilícitas vinculadas a la obtención de contratos públicos para sus propias empresas o al cobro de comisiones, por parte de la Generalitat, en la celebración de este tipo de contratos».
Más de una decena de querellados
Los querellantes piden la imputación del expresidente del Ejecutivo catalán; su esposa, Marta Ferrusola; los hijos del matrimonio –Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer–; y empresarios como Jordi Puig i Godes –hermano del conseller Felip Puig– y Carles Sumarroca, cofundador de CDC y amigo del exmandatario catalán. También se encuentran dos hijos de este último –Carles y Jordi Sumarroca Claverol– y la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès.
Los promotores de esta iniciativa, que han contado con el asesoramiento del fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, atribuyen a los querellados varios delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y omisión de perseguir delitos.
De igual modo, justifican que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos al tratarse de «defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia».
Reparto de papeles
El abogado Jaume Asens explicó en rueda de prensa que la familia Pujol Ferrusola se repartía los papeles, de tal modo que tres de los hijos –Jordi, Oleguer y Pere– se dedicaban a los negocios mientras que el padre y su hijo Oriol desarrollaban su actividad política. Además, ha asegurado que CDC estaba al caso de esta situación: «Este entramado no se entiende sin el apoyo implícito del partido o de una parte del partido. No nos creemos que nadie más lo supiese».
La querella señala que los hermanos Pujol Ferrusola ostentarían la titularidad de más de 50 empresas relacionadas con un amplio abanico de negocios que van «desde la explotación de clubes de golf, puertos francos, tratamientos de residuos, promociones inmobiliarias y sociedades patrimoniales, hasta refinerías petrolíferas o empresas de distribución eléctrica, dentro y fuera de España».