Dos ciudadanos de origen argelino internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia han interpuesto nuevas denuncias por presuntas agresiones de la Policía tras el intento de fuga que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre.
Estas denuncias se suman a la queja ante la Defensoría del Pueblo que se presentó por el mismo motivo la semana pasada y que apuntaba, según sus declaraciones, a «más de 10 heridos, a quienes se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de tres agentes de policía», ha asegurado en un comunicado la Campaña CIE No.
De acuerdo con este colectivo, «las tres denuncias coinciden en la desproporción de la violencia que utilizaron los agentes para reprimir la huida de los internos, además de en las graves represalias, que sufrieron después, hubiesen participado o no del intento de fuga».
Responsabilidades políticas «urgentes»
Asimismo, aseguran que los tres señalan que ninguno fue atendido en un centro hospitalario, tal y como reclamaban, y que la atención la recibieron en el CIE por parte del servicio médico que les aplicó «puntos de sutura». Desde la Campaña por el cierre de los CIE exigen responsabilidades políticas «urgentes» por parte del Ministerio del Interior, organismo que gestiona estos espacios.
«Es necesaria una actuación del Ministerio del Interior acorde con el Estado de Derecho que dice representar. No podemos consentir que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de las personas internas en Zapadores. Cada vez que se denuncian agresiones por parte de la policía, inmediatamente después se expulsa a su países de origen a víctimas y testigos, lo que paraliza el proceso», ha afirmado Ana Fornés, portavoz de la plataforma que agrupa a más de 30 organizaciones sociales del tejido asociativo valenciano.
Fornés ha recalcado que, en lo que va de año, han recogido «más de treinta denuncias interpuestas por palizas, maltrato y humillaciones. El fomento del la impunidad desde el Gobierno es inadmisible».
«Vamos a seguir exigiendo que se paralicen las expulsiones de víctimas y testigos, que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en cada una de las denuncias, así como el cierre de estos espacios cuya mera existencia vulnera los Derechos Humanos», ha mantenido.